VI DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, actuando en sede constitucional, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: su COMPETENCIA para conocer la presente acción de amparo constitucional, interpuesto por la ciudadana ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ ROMERO, titular de la cédula de identidad numero 11.877.863, asistido por la abogada Miriam Zavarce, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 16.878, contra el SUPERINTENDENTE NACIONAL DE ARRENDAMIENTOS Y VIVIENDAS, por la presunta vulneración de sus derechos Constitucionales. SEGUNDO: Se ADMITE el presente amparo constitucional. En consecuencia, se ordena: NOTIFICAR a los ciudadanos SUPERINTENDENTE NACIONAL DE ARRENDAMIENTOS Y VIVIENDAS, y DIRECTOR MINISTERIAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HABITAD, presuntos agraviantes......

Se dictó sentencia interlocutoria mediante la cual SE REPONE LA PRESENTE CAUSA AL ESTADO DE SUBSANAR EL ERROR EN QUE SE INCURRIO EN EL AUTO DE ADMISIÓN DE FECHA 03 DE Agosto DE 2016, en virtud de que el mismo debe ser ventilado por el PROCEDIMIENTO COMÚN A LAS DEMANDAS DE NULIDAD, INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVAS, previsto en la Capítulo II, sección tercera, artículos 76 y siguientes de la vigente Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.-

Se declara definitivamente FIRME la decisión dictada en fecha 18 de octubre del 2016, se da por terminado el expediente y se ordena la remisión del mismo al Archivo Judicial.-

Vista la demanda presentada en fecha 24 de octubre del 2016, por el ciudadano LUIS ALBERTO COLMENÁREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 153.285, actuando en nombre y representación del ciudadano JOSUÉ MANUEL YARACUNA ROMERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°: 3.925.315, domiciliado en la Urbanización Prados del Golf, Etapa 3, calle 7, No. 7-4, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio Palavecino del Estado Lara, en contra del ciudadano WENCESLAO AMAÍZ ROMERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°: 1.504.972; este Tribunal, de Conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, apercibe al demandante para que en un lapso de tres (03) días de despacho siguientes al de hoy, adecue la demanda conforme a los principios y exigencias del procedimiento ordinario agrario.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, la Corte de Apelaciones administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: SE DECLARA LA INADMISIBILIDAD SOBREVENIDA DE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por la Abogada Beatriz Elena Madrid, quien en su escrito manifiesta actuar en su propia representación y en nombre de la ciudadana Ana Karina Lameda Carrasco, a tenor de lo establecido en la causal prevista en el artículo 6 en su ordinal 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Regístrese la presente decisión. La parte interesada, podrá apelar de la presente decisión en el lapso legal correspondiente para ello. Remítanse las presentes actuaciones al ARCHIVO JUDICIAL, una vez que quede definitivamente firme la presente Decisión. Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Pen.....

En fuerza de los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: Declara CON LUGAR la Inhibición planteada por la Jueza Itinerante de Primera Instancia en función de Juicio N° 07 este Circuito Judicial Penal, Abogada Amarilis Salon,, mediante acta levantada en fecha 17 de Agosto de 2016, en el asunto Nº KP01-P-2014-017855, seguido al ciudadano Hector Rafael Sequera Medina, en virtud de haber dictado Sentencia Condenatoria por admisión de hechos al referido ciudadano, en la causa principal signada con el Nº KP01-P-2014-017855, cuando cumplía función como Jueza de Juicio, lo que le impide conocer de la causa respecto al ciudadano Erickson Antonio Querales Aldazoro, con fundamento en la causal prevista en el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese. Regístrese. Diarícese. Notifíquese y remítase la presen.....

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Juzgador en ejercicio de la función jurisdiccional conferida, con la finalidad de hacer efectiva una justicia accesible, imparcial, transparente, responsable, expedita, autónoma y equitativa, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, declara: PRIMERO: CON LUGAR el cobro de prestaciones sociales interpuesto por las ciudadanas YANGLIS COROMOTO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ e YRAN ISMELDA LEÓN LEÓN contra del MUNICIPIO JIMÉNEZ DEL ESTADO LARA, en órgano de su Alcaldía. SEGUNDO: Se condena en costa a la parte demandada por resultar totalmente vencida, de conformidad con lo previsto en el Artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, fijando en la misma el 10% del valor de la demanda. TERCERO: Se ordena notificar de la presente decisión al Síndico Procurador del Municipio Jiménez del Estado Lara de conformidad con lo previsto en el Artículo 153 de la.....

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho que han quedado expresados en la presente decisión; el Juez Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO a tenor de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en conexión con lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias Nº 810 del 18 de abril de 2006 y 1.184 del 22 de septiembre de 2009, Sala de Casación Social Nº 182 del 7 de abril de 2015 y Juzgados Superiores del Trabajo de esta circunscripción (Ver por todas KP02-R-2015-000461), que permite a la accionante iniciar nuevamente el juicio. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Tra.....

En este estado el Tribunal, al considerar que los acuerdos aquí contenidos, son producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes; por cuanto los mismos tienden a garantizar una armoniosa resolución de la controversia a que se refiere el proceso y a restablecer el equilibrio jurídico entre las partes, no son contrarios a derecho, se adaptan a los criterios jurisprudenciales que han sido establecidos por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia; y no contiene renuncia alguna a ningún derecho irrenunciable derivado de una relación de trabajo, este Tribunal de conformidad con lo previsto en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, decide: a) Se imparte la homologación de los acuerdos logrados por las partes en el proceso de Mediación positiva contenidas en la presente acta. b) Este Tribunal en vista de que la media.....

Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y como consecuencia de ello, LA EXTINCIÓN DEL PROCESO. Así se decide. SEGUNDO: Se ordena el archivo del expediente y la remisión del mismo al Archivo Judicial Regional. TERCERO: No hay condenatoria en costas en atención a lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación analógica según remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.