Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES dándole efecto de Cosa Juzgada

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Juez Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: HOMOLOGAR la transacción celebrada entre las partes, conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, por imperio del Artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

PRIMERO: CON LUGAR las pretensiones de la parte actora, ciudadanos FÉLIX ALBERTO TERÁN YARAURE, JANDI YASMIN SIMANCA PARRA, YELITZA JOSEFINA PEÑA ROMERO y MARILIN SILVA RODRÍGUEZ en contra de las Sociedades Mercantiles PELUQUERÍA UNISEX LE GRIFF C.A, PELUQUERÍA UNISEX EL SANCH C.A. y JOSÉ GREGORIO DÍAZ MARTÍNEZ Y SIN LUGAR la responsabilidad solidaria basada en el alegato de Grupo Económico en contra de la entidad CENTRO DE ESTÉTICA SANDRO C.A. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, por no existir vencimiento total en la presente causa de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal encuentra que la actora no ha promovido el instrumento fundamental e ideal para acreditar la propiedad sobre un inmueble, pues los instrumentos traídos a los autos no pueden ser oponibles mucho menos prueba fehaciente, en otras palabras no consta el Registro de las citadas bienhechurías con el consentimiento del Municipio Iribarren del Estado Lara. Por ello, ante la insuficiencia de pruebas en torno a la propiedad aportadas por la actora, es menester de este Tribunal declarar la inadmisibilidad de la demanda, quedando a salvo el derecho a reivindicar en caso de acreditar la propiedad con instrumento registrado. Así se establece.

Por todos los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: DESISTIDO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por TRANSPORTE DE VALORES VISETECA C.A., empresa registrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 25 de agosto de 1997, registrada bajo el n° 33 tomo 421 A-Sgdo., contra el auto de incidencia de fecha 15 de junio de 2016, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del fallo TERCERO: Se CONFIRMA la decisión recurrida.

DECISIÓN En mérito de las precedentes consideraciones, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, se declara: PRIMERO: CON LUGAR la cuestión previa establecida en el artículo 346, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, referente a la competencia por la materia, para conocer del presente juicio, opuesta por la parte demandada. Por lo Tanto se declara este Tribunal INCOMPETENTE para conocer de la presente causa, y en consecuencia, DECLINA al Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión que atañe a un presupuesto básico para la constitución de la relación jurídico-procesal y no a la controversia planteada.

Se dictó sentencia definitiva declarando NO HA LUGAR A LA CONFESIÓN FICTA DEL DEMANDADO y SIN LUGAR la acción de Desalojo intentada por la Firma Mercantil "NERETO, C.A." contra la sociedad mercantil DISPROCONSA, C.A.", se condenó en costas y se ordenó la notificación de las partes.-

En virtud de la jurisprudencia antes transcrita sostenido por la Sala Constitucional y Civil y normativa jurídica se desprende el énfasis en proteger a los sujetos que siendo arrendatarios, usufructuarios, adquirentes u ocupantes de bienes inmuebles destinados a vivienda familiar, puedan ser víctimas de medidas administrativas o judiciales que interrumpan o hagan cesar la posesión o tenencia sobre el respectivo bien inmueble, así como los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, el interesado en obtener la restitución de la posesión del inmueble en cuestión debe ineludiblemente cumplir con el procedimiento administrativo previsto en el decreto, por lo que es obligación el cumplimiento de los procedimientos especiales establecidos en el Decreto con Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda, para que puedan ejercerse las distintas acciones judiciales o administrativas, ello de conformidad con lo establecido en sus artículos 1, 2.....

se DECLARA INCOMPETENTE para conocer de la presente causa por el territorio, y en consecuencia DECLINA su conocimiento al Juez de Primera Instancia Civil del Estado Lara, de conformidad con lo establecido en el Artículo 69 eiusdem, una vez quede firme la presente decisión, remítase el expediente a la U.R.D.D. a los fines de su distribución a un Tribunal de Primera Instancia Civil del Estado Lara

este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y Por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en la presente causa de DIVORCIO, instaurada por la ciudadana: GENESIS PASTORA COLMENARES ADJUNTA, contra el ciudadano: LUIS ALFREDO FREITES BARRIOS. Asimismo, este Tribunal advierte que no se le da curso procesal alguno por la perención decretada.