¬¬¬¬ P O D E R J U D I C I A L En su nombre, JUZGADO SEGUNDO DE JUICIO DEL TRABAJO CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA Dicta Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva Asunto: KP02-L-2015-001317 / MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS PARTE DEMANDANTE: MAYRA JOSEFINA LARA ASUAJE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.399.598 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: WILMER PEREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 54.787 PARTE DEMANDADA: COMERCIALIZADORA ROCA C.A, RIF J-31745760-9 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: SANTIAGO GUTIERREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 49.429. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO El proceso se inició con la demanda presentada en fecha 23 de noviembre de 2015 (folios 1 al 10), cuyo conocimiento correspondió por distribución al Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial, que lo recibió y admitió el 25 de noviembre de 2015 (folio 11). Cumplida la notificación del demandado (folios 14 al 16) se instaló la audiencia preliminar el 09 de marzo de 2016, prolongándose para el día 08 de abril de 2016 por auto de fecha 11 de abril de 2016 se fija nueva oportunidad para el día 26 de abril de 2016 por cuanto la fecha anterior no hubo despacho, en la fecha fijada para la prolongación de la audiencia es decir el 26 de abril de 2016 no compareció la parte demandada a la prolongación de la audiencia por lo que motivo de la sentencia 15 de octubre de 2004 del Tribunal Supremo de Justicia se ordena incorporar la pruebas a los fines de remitir el asunto a los Juzgados de Juicio. El día 17 de mayo de 2016, el tribunal mediante auto deja constancia que la parte demandada consignó escrito de contestación a la demanda (folio 111), por lo que se remitió el expediente para el conocimiento de la siguiente fase, recibiéndolo este Juzgado Segundo de Juicio en fecha 06 de junio de 2016 (folio 114). Dentro del lapso legalmente previsto, se pronunció sobre la admisibilidad de las pruebas y fijó la fecha para iniciar la audiencia de juicio (folios 115 al 117). El 25 de julio de 2016, fecha fijada para que tenga lugar la audiencia oral y pública de juicio, ambas partes manifiestan que han llegado a un acuerdo (folios 118 al 119). M O T I V A El acuerdo transaccional manifestado por las partes es del tenor siguiente: PRIMERO: La parte demandada manifiesta que una vez revisada las pruebas y efectuado los cálculos correspondiente, así mismo a los fines de dar por terminado el presente su representado ofrece a cancelar a la demandante la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 500.000.oo), monto con el cual se dan por satisfechos todos los conceptos reclamados: Prestación de antigüedad, vacaciones y bono vacacional no pagado, beneficio de alimentación y utilidades, cancelados en tres cuotas de la siguiente manera: un primer pago para el día 04 de agosto de 2016 por la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 300.000.oo), segundo pago para el día 05 de septiembre de 2016 por la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000.oo) y un tercer y ultimo pago para el dia 05 de octubre de 2016 por la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000.oo). SEGUNDO: por su parte el apoderado judicial de la parte demandante manifiesta que visto el ofrecimiento realizado por la parte demandada, acepta dicho pago en las condiciones aquí ya señaladas. TERCERO: Se deja constancia que la falta de cumplimiento de alguna couta aquí acordada, dará derecho a la parte demandante solicitar la ejecución forzosa del presente acuerdo, más las costas de ejecución. Se le insta a las partes que la cancelación de cada cuota debe ser informada al Tribunal por diligencia mediante la URDD Civil de esta Circunscripción Judicial. Para proceder a la homologación del pacto anterior, el Juzgador observa: El Artículo 89, Nº 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente: Artículo 89.- El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios (...) 2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y el convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establece la Ley. En nuestro criterio, la norma constitucional prevé dos situaciones distintas respecto de la irrenunciabilidad de los derechos laborales por el trabajador: Durante la relación de trabajo y al terminar la misma. 1.- Estando en plena ejecución la relación de trabajo, pueden celebrarse acuerdos o convenios que modifiquen o sustituyan beneficios o prestaciones laborales. Estos acuerdos o convenios no pueden tomar la forma de transacciones o convenimientos, por prohibirlo expresamente la norma, no obstante son válidos, aunque no tienen carácter absoluto (cosa juzgada). Si el acuerdo o convenio celebrado implica en la realidad de los hechos una renuncia o menoscabo de la situación jurídica y condiciones del trabajador, deberá declararse nulo. 2.- Terminada la relación laboral, las partes pueden celebrar acuerdos o convenios respecto de los derechos laborales y estos adoptar la forma de transacción, cuyos efectos van a ser definitivos conforme a lo que establezca la Ley y respetando la garantía de que no puede implicar renuncia o menoscabo de los derechos del trabajador. El Artículo 19, primer aparte, de la novísima Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (LOTTT) establece los requisitos formales de la transacción laboral: Artículo 19.- (...) Las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. Como se puede apreciar, la validez formal de la transacción laboral depende, además de lo establecido en la norma constitucional ya analizada; del cumplimiento de los siguientes extremos: Que se haga por escrito; que contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven; y que contenga una relación circunstanciada de los derechos que comprenda. Ni la Constitución, ni la Ley especial (LOTTT), ni el Código de Procedimiento Civil (CPC, referencia Artículo 256) definen a la transacción. Lo hace el Código Civil (CC), en el Artículo 1.713 al señalar que “es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. Entonces, los “derechos que comprende” la transacción laboral deben corresponder a ambas partes: Qué derechos compromete el trabajador y qué derechos compromete el empleador en las “recíprocas concesiones”. Si sólo una de las partes acepta comprometer sus derechos, no podemos hablar de transacción, sino de desistimiento (en caso del trabajador-actor) o de convenimiento (si fuere el empleador-demandado). La realidad laboral muestra que en la mayoría de los casos es el trabajador quien concede o compromete sus pretensiones en una transacción, lo que implica, en términos del constituyente, una “renuncia o menoscabo” de sus derechos, y por lo tanto, debe considerarse y declararse nula. Precisamente, el mecanismo adecuado para controlar la libre disposición de derechos irrenunciables, es el cumplimiento de los extremos del Artículo 19, primer aparte, Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores. Como se desprende de las actas que conforman el presente asunto, se evidencia que la parte actora pretendía el pago condenatorio total de Bs. 784.626.94 por concepto de prestaciones sociales, conforme lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para ese momento. Del acuerdo transaccional presentado, se evidencia que luego de recalcular los conceptos pretendidos, tomando en cuenta el cumplimiento de algunos beneficios efectuados durante la relación; se estableció como monto definitivo transaccional la cantidad de Bs. 500.000,00, con lo cual quedan satisfechos los beneficios laborales pretendidos; no evidenciándose menoscabo de los derechos irrenunciables del trabajador comprendidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Así se establece. En virtud de la aceptación de la parte demandante en el pago ofrecido por la demandada y aclarados los puntos controvertidos, este Tribunal procede a homologar la transacción celebrada entre las partes por cumplir los extremos de Ley, ya que una vez analizados los puntos se observó el cumplimiento de las prestaciones irrenunciables de todo trabajador. Así se decide. D I S P O S I T I V O En mérito de lo anteriormente expuesto, el Juez Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: HOMOLOGAR la transacción celebrada entre las partes, conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, por imperio del Artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. Dictada en Barquisimeto, Estado Lara, el 02 de Agosto de 2016. ABG. CARLOS SANTELIZ CASAMAYOR JUEZ LA SECRETARIA En esta misma fecha se publicó la sentencia, a las 10:38 a.m. agregándola al expediente físico y al asunto informático del Juris 2000.- LA SECRETARIA CSC/jmms.