Se deja constancia que la ciudadana JOHILET DEL VALLE OSUNA GONZÁLES no compareció al acto ni por sí, ni por intermedio de apoderado judicial; por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO

Vista la solicitud que procede suscrita por los ciudadanos: ESCOLASTICO PASTOR HERNANDEZ ESCALONA, FRANCISCO JOSE HERNANDEZ ALVAREZ, EDDIE COROMOTO HERNANDEZ DE REYES, ERNESTO ANTONIO HERNANDEZ VALERO, MARITZA DEL CARMEN HERNANDEZ, MARISOL DEL VALLE HERNANDEZ Y OLGA MARIA HERNANDEZ SILVA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nros. V-4.073.496, V-4.726.456, V-4.726.459, V-4.737.212, V-4.736.339, V-4.736.340 y V-10.847.078, debidamente asistida por el abogado en ejercicio ANTONIO GARCIA RAMOS, inscrito en inpreabogado bajo el Nº 34.329, para que este tribunal de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 936 del código de procedimiento civil, LOS DECLARE COMO ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de quien en vida se llamara: ESCOLASTICO ANTONIO HERNANDEZ GARCIA con relación a los bienes que le pueda corresponder en su condición de tal. Vistos así mismo los recaudos acompañados con dicha solicitud, consistente en A:) original de acta de defunción. B:) copia certificada de.....

Este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo previsto en los artículos 8, el cual establece el Interés Superior dirigido asegurar el desarrollo integral de todo Niño, Niña o Adolescente, el artículo 22, que consagra el derecho de obtener documento publico que compruebe su identidad, siendo el pasaporte un documento indispensable para la identificación de todo ciudadano, así como el 177, parágrafo Cuarto, literal “e” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, CONCEDE AUTORIZACION SUFICIENTE.

DISPOSITIVA: En virtud a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA POR PROCEDENTE la REVISION de la Medida Cautelar Judicial Sustitutiva de Libertad, contenida en el articulo 256 ordinal 3º, del Código Orgánico Procesal Penal a los acusados: JOSE VICENTE COLMENAREZ, titular de la cedula de identidad Nº 22.188.034 Y JOSE BRAULIO COLMENAREZ, titular de la cedula de identidad Nº 12.851.872, y LA AMPLIA A CADA TREINTA (30) DIAS ante la Taquilla de Presentaciones de imputado del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, a partir de la fecha de su notificación.- Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase.

esta juzgadora en cambiar la Medida de Presentación por la establecida en el artículo 256 Ordinal 9no. Como lo es acudir al llamado del Tribunal o del Ministerio Público cada vez que sea requerido, y en cuanto a la Medida no portar armas de fuego la misma se mantiene, y de igual manera se mantienen las medida de protección establecidas en el artículo 87 ordinales 5 y 6 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y así se decide.

Por lo antes expuesto, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE el Recurso Contencioso Tributario en cuanto a la Resolución N° SAT-GTI-RCO-600-0644, de fecha 28 de junio de 2005, notificada el 28 de septiembre de 2005, con sus respectivas planillas de liquidación y pago Nros 031001225000529, 031001228000628, 031001228000629, 031001226000630, 031001228000630, 031001226000631 y 031001226000632, todas de fecha 06 de septiembre de 2005, emitidas por la División de Fiscalización de la Gerencia de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (S.E.N.I.A.T.), de conformidad con el numeral 1 del artículo 266 del Código Orgánico Tributario y SEGUNDO: ADMITE el Recurso Contencioso Tributario en cuanto a la Resolución N° GTI-RCO-DJT-ARA-2006-00036, de fecha 23 de febrero de 2.....

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Carlos Cortes Riera, contra la decisión dictado en fecha 18/12/2007, por el Tribunal de Control No. 10 del Circuito Judicial Penal, Extensión Carora, donde le revoca de oficio la Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad al ciudadano MARCEL GABRIEL FLORES MARTÍNEZ.

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ABG. ARGENIS ESCALONA CORTEZ, contra la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control N° 6 de este Circuito Judicial Penal, en audiencia celebrada en fecha 01/11/2007 y fundamentada en fecha 02/11/2007, mediante la cual decretó Privación Judicial Preventiva de Libertad a los ciudadanos RODOLFO SEGUNDO IBARRA Y ARGENIS COLMENAREZ.

Se dictó SENTENCIA DEFINITIVA mediante la cual se declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Jose Rafael Escalante, y SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la actora Ernesto Perez CH. C.A., contra la sentencia dictada en fecha 13 de abril de 2006, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara. Se declaró PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA, y se condenó al demandado a cancelar la suma de veintitres mil setenta y tres bolivares con cuarenta y siete bolivares fuertes ( Bs. F. 23.073,47), mas la indexación judicial, la cual se calculará mediante experticia complementaria del fallo. Se ordena la NOTIFICACIÓN de las PARTES, de conformidad con los artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, con base al criterio de la Sala Político Administrativa anteriormente expuesto, es un deber de quien decide como juez de lo contencioso tributario y por disponerlo expresamente el parágrafo primero del artículo 277 del vigente Código Orgánico Tributario, tramitar primero, las causas donde cursan los recursos contenciosos tributarios; y respecto de las cuales este Tribunal no ha decidido sobre su admisión o inadmisión y menos aún sobre la suspensión o no de los efectos de los actos administrativos impugnados, para lo cual este Tribunal se pronunciará en la misma oportunidad legal de la admisión de los recursos contenciosos tributarios, en el caso de ser procedente, todo ello a los efectos de garantizar el derecho de acceso a la justicia, tipificado en el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señalado en la sentencia anteriormente comentada. Ahora bien, una vez tramitados, los recursos contenciosos tributarios interpuestos con anter.....