Vista la solicitud formulada por los ciudadanos Camilo Antonio Perdomo, Eva Maria Perdomo de Pérez, Angela Yoleida Perdomo de Velazquez, Rolando Perdomo Ledezma, Livia Antonia Perdomo Ledezma, Ruben Camilo Perdomo Ledezma, Maria Elena Perdomo de Angulo, Wilmer Ernesto Perdomo Ledezma, Jeovanny de Jesús Perdomo Ledezma, Nailet del Carmen Perdomo Ledezma y Vladimir José Perdomo Ledezma, actuando en su propio nombre y en su condición de cónyuge e hijos de la difunta ANA FELICIA LEDEZMA DE PERDOMO, venezolanos, mayores de edad, con cédulas de Identidad Nros. 1.268.776, 3.963.385, 7.453.732, 4.408.920, 9.571.104, 7.456.150, 10.126.917, 7.465.709, 7.465.711 y 7.465.710 respectivamente; con vista de las declaraciones de los testigos y de los documentos públicos acompañados, este Tribunal como se pide y dejando a salvo los derechos de terceros DECLARA de conformidad con lo establecido en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, dichas pruebas suficientes para asegurar a los ciudadano.....

Con base a los anteriores razonamientos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, resuelve: PRIMERO: CONFIRMAR en toda y cada una de sus partes la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 21 de Abril de 2005, mediante la cual expidió MANDAMIENTO DE HÁBEAS CORPUS, a favor de los ciudadanos CASTILLO JOSE GUSTAVO, FERNANDEZ JOSE LUIS, PUERTA MIGUEL ANGEL, MAESTRE OSWALDO ENRIQUE, NARANJO CANELON GUSTAVO RAFAEL, QUINTERO INFANTE CARLOS LUIS Y USEA ALIRIO JOSE e INADMISIBLE en relación al ciudadano TERRI GRIEKA GOMEZ ANDRADES, VISCAYA MORALES PABLO JOSE, TORRES RAUL ANTONIO, RIERA BARRIOS LENIN ALEJANDRO y BARRIOS COLMENAREZ NELIDA. SEGUNDO: Remitir las presentes actuaciones al Tribunal de origen, a los fines de su conocimiento y posterior remisión al Archivo Judic.....

Se MODIFICA la decisión dictada por el Tribunal de Control N° 1, en fecha 20 de Abril de 2005, que Declaró Inadmisible la expedición de MANDAMIENTO DE HÁBEAS CORPUS, a favor de JESÚS ANTONIO FRANCO ADAMES, intentado por la ABOG. AURA CECILIA DÍAZ, Declarando la misma SIN LUGAR.

Visto como ha sido el presente asunto en el cual la defensa está ejercida por el Dr. CARLOS ANDRES PEREZ, abogado adscrito a la Unidad de la Defensa Pública de este Estado, conforme a lo previsto en el artículo 87 del Código Orgánico Procesal Penal procedo a INHIBIRME del conocimiento de la causa, pues tal como puede ser constatado en la Coordinación de esa unidad, el mencionado colega fue designado Defensor especial del acusado JUAN CARLOS COLEMENAREZ, en causa que se ventila por ante la Jurisdicción Penal del estado Yaracuy, por el HOMICIDIO, de quien en vida fuera mi cónyuge RAFAEL JOSE GUTIERREZ.

Por las razones antes expuestas este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara: REPONE la presente causa al estado de que se cite a la empresa MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. Se declaran nulas y sin ningún efecto todas las actuaciones realizadas desde el 14 de octubre de 2004 (inclusive) hasta la presente fecha (exclusive). No hay condenatoria en costas por la índole repositoria de la sentencia. Notifíquese a las partes por cuanto la sentencia sale fuera del lapso de Ley. Publíquese, regístrese. Dada firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto a los 4 días del mes de mayo del 2005.

Este Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Sanciona por encontrar responsable al adolescente: (identidad omitida); por la comisión del delito de Robo Agravado de Vehículo Automotor en Grado de Facilitador, previsto y sancionado en el artículo 5 con las circunstancias agravantes del articulo 6 ordinales 1, 2, 3 y 8 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores, e impone el cumplimiento de la siguiente sanción: Reglas de Conducta, por el lapso de un (01) año, prevista y sancionada en el artículo 624 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, de conformidad con lo establecido en el articulo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y así se establece.

Este Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Sanciona por encontrar responsable al adolescente (identidad omitida); por la comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 5 de la Reforma Parcial del Código Penal, de conformidad con lo establecido en el articulo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y así se establece.

DISPOSITIVA: En mérito a las consideraciones que anteceden, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PRIMERO: Condena a los ciudadanos: JUAN CARLOS NAVAS, Venezolano, Titular de la Cédula de Identidad N° NO PORTA, nacido en Barquisimeto en fecha 27-07-1980, de 25 años de edad, de estado civil Soltero, profesión u oficio vendedor de chucherias, residenciado en Calle 38, esquina de la Avenida 20, casa pintada de color azul con blanco al lado del hotel 73, Barquisimeto Estado Lara y JORGE LUIS OLIVAR, Venezolano, Titular de la Cédula de Identidad N° 16.278.605, nacido en Barquisimeto en fecha 28-08-1982, de 22 años de edad, de estado civil Soltero, profesión u oficio herrero, residenciado en Callejón La Esperanza, del Barrio San Lorenzo, casa N° 22 frente al Mercal La Esperanza, Barquisimeto, Estado Lara, por la comisión del delito ROBO SIMPLE tipificado en el articulo 457 del Código Penal Vigente, a cumplir la pena de TRES AÑO.....

declara TÍTULO SUPLETORIO a favor de los adolescentes DOUGLAS ALBERTO PARRA, EDUARDO ANTONIO PARRA, YHONNEL JOSUE PARRA, y los niños Identificación omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNA , sobre las bienhechurías que se determinan en el presente Decreto, el cual para su registro debe acompañarse de autorización del propietario del terreno, sea público o privado, conforme al acuerdo dictado por la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa, de fecha 1° de Abril de 1970.

HOMOLOGA el acuerdo suscrito por los ciudadanos JAIRO JOSÉ MUJICA VARGAS y YOHANNA KATIUSKA COLMENAREZ GALINDEZ