En base a las consideraciones que preceden, este Tribunal de Juicio Nº 3, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA LEY declara: PRIMERO: Sin Lugar la solicitud formulada por la Abogada Erika Toussaint, en su condición de Defensora Privada de los ciudadanos ROGER ALEXANDER RODRÍGUEZ PÉREZ, titular de la cédula de identidad Nº 18.655.921, y VÍCTOR AMADO MENDOZA, titular de la cédula de identidad Nº 12.702.033, en relación al decaimiento de la Medida cautelar sustitutiva que le fuere impuesta. SEGUNDO: se le hace especial llamado de atención al acusado ROGER ALEXANDER RODRÍGUEZ PÉREZ, para que reanude sus presentaciones, las cuales no cumple desde hace cuatro meses (08-07-2011). Notifíquese al solicitante. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de este Tribunal, en Barquisimeto a los Dos (02) días del mes de Diciembre del 2.011. Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

DECISION En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por el ABOGADO TOMAS COLINA, IPSA N° 27.350, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada SEGUROS LOS ANDES C.A. contra la decisión de fecha 25-10-10 dictada por el a quo, y en consecuencia decide lo siguiente: PRIMERO: SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de cumplimiento de contrato de seguro de vehículo, incoada por el ciudadano JOSE GREGORIO DELGADO, C.I. N° 14.352.404 contra la empresa SEGUROS LOS ANDES C.A. supra identificada, condenándose a ésta en consecuencia a pagarle a la accionante los siguientes conceptos: A)La cantidad de Bs. 70.000,00 por concepto de la cobertura amplia y correspondiente a la responsabilidad asumida por la c.....

No obstante la omisión señalada, debe ratificarse una vez más, que la solicitud original de la trabajadora de protección de la inamovilidad fue el despido y a ese alegato está atado el Inspector por el principio de congruencia; luego, en el acto de contestación el empleador alegó la reubicación, que no logró demostrar ¿como ya se estableció en esta sentencia- y los testigos evacuados manifestaron que a la trabajadora se le impidió entrar al centro de trabajo. Con fundamento en los elementos anteriores, la Inspectoría del Trabajo decidió que el empleador no logró demostrar la reubicación y por ello declaró con lugar la solicitud de la trabajadora y la existencia del despido injustificado, no existiendo el vicio denunciado por el hoy recurrente.

Como ya se dijo, la parte actora no subsanó el escrito libelar tal como lo ordenó este Juzgado; ahora bien, vista que la información requerida forma parte de los requisitos establecidos en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para su respectiva admisión, resulta forzoso para este Tribunal declarar la inadmisibilidad de la demanda, a tenor de lo establecido en el Artículo 36 eiusdem. Así declara.

En consecuencia, al no demostrarse los extremos del Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal niega la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares ya identificado.

En consecuencia, al no demostrarse los extremos del Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal niega la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares ya identificado. Lo anterior no impide al solicitante obtener la suspensión parcial de los efectos del acto administrativo, si cumple con la garantía que fije el Tribunal, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA).

SE DECLARA EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO HABIDO EN EL JUICIO INCOADO POR CARLOS JAVIER CARRASQUEL PERLAEZ EN CONTRA ELECTRAO AUTOS ROBERTO y el demandado personal LUIS ESCAONA y así, SE DÁ POR TERMINADO EL PROCESO Y SE DECLARA EXTINGUIDA LA INSTANCIA. ASÍ SE DECIDE.-

DISPOSITIVA En Virtud de las razones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadanos FRANCISCO JOSE PEREIRA CARUCI, JOSE GREGORIO MENDOZA LOPEZ, LUIS ANTONIO PINEDA ARRIECHI identificados en autos en contra la empresa mercantil INDUSTRIAS COSTAFLEX C.A, DEQUIVEN S.R.L, CORPORACION CARPICOL,C.A Y LOS ENANOS 2009,C.A. SEGUNDO: Se ordena a las empresas mercantiles INDUSTRIAS COSTAFLEX C.A, DEQUIVEN, S.R.L, CORPORACION CARPICOL, C.A Y LOS ENANOS 2009,C.A. que pague a los ciudadanos FRANCISCO JOSE PEREIRA CARUCI, la cantidad de CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS SIETE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.112.207,00) al ciudadano JOSE GREGORIO MENDOZA LOPEZ, la cantidad de CIENTO CUARTENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEI.....

Por todo lo antes expuesto este Tribunal de Justicia de Género, de Control, Audiencias y Medidas Nº 2, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: DECRETA: el cese de cualquier medida cautelar o de protección y seguridad que haya sido impuesta por la autoridad competente al imputado de autos, a los fines de salvaguardar la vida, la integridad física, psíquica, emocional o patrimonial de la mujer, así como su condición de imputado, en virtud de haberse decretado a su favor ARCHIVO FISCAL, por parte de la Fiscalía encargada de la investigación de los hechos denunciados. Regístrese, Publíquese y Notifíquese. LA JUEZA DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS Nº 2 Abg. Nataly González Páez SECRETARIA

Por todo lo antes expuesto este Tribunal de Justicia de Género, de Control, Audiencias y Medidas Nº 2, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: DECRETA: el cese de cualquier medida cautelar o de protección y seguridad que haya sido impuesta por la autoridad competente al imputado de autos, a los fines de salvaguardar la vida, la integridad física, psíquica, emocional o patrimonial de la mujer, así como su condición de imputado, en virtud de haberse decretado a su favor ARCHIVO FISCAL, por parte de la Fiscalía encargada de la investigación de los hechos denunciados. Regístrese, Publíquese y Notifíquese. LA JUEZA DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS Nº 2 Abg. Nataly González Páez SECRETARIA