PRIMERO: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, en razón de la falta de interés del actor en la consignación del certificado de discapacidad, necesario para determinar y cuantificar las posibles indemnizaciones pretendidas en el presente juicio, conforme al articulo 130 de la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; habiendo transcurrido con creces los sesenta (60) días continuos, conforme la jurisprudencia laboral citada, fuente de Derecho, conforme a lo previsto en el Artículo 16, literal f, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT). SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, porque esta decisión se dictó de oficio y no se pronunció sobre el fondo de la controversia.

PRIMERO: La perención de la instancia conforme a lo dispuesto por el Artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. SEGUNDO: Una vez que se encuentre definitivamente firme la presente decisión se ordena remitir el presente expediente al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución. TERCERO: No hay condenatoria en costas porque la presente decisión se dictó de oficio y no resuelve el fondo de la controversia.

PRIMERO: La extinción de la instancia, por abandono del trámite a razón de la inactividad de las partes por más de seis (6) meses, conforme a lo dispuesto por el Artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. SEGUNDO: Una vez que se encuentre definitivamente firme la presente decisión se ordena dar por terminado el asunto y remitirlo al archivo judicial. TERCERO: No hay condenatoria en costas porque la presente decisión se dictó de oficio y no resuelve el fondo de la controversia.

En aplicación del articulado anterior, y siendo pues, que la parte accionante, no acompañó al libelo, los recaudos que haga presumir que agotó la instancia administrativa correspondiente, para poder solicitar la Medida Preventiva de Secuestro peticionada mediante diligencia, es por lo que este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO IRIBARREN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO PREVENTIVO, solicitada por la Parte Accionante, sobre un inmueble constituido por un (01) Mini Local, identificado como Mini Local Comercial, Nro. 02, del Mini Centro Comercial "Las Morochas", ubicado en la calle 17, cruce con carrera 22, de este ciudad de Barquisimeto del Municipio Iribarren del Estado Lara. Y ASI SE DECIDE. Publíquese, incluso en la página Web de este Despacho, Regístrese, y Déjese Copia Cer.....

Se dictó sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva y se DECLARO LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con lo establecido en el artículo 267, Numeral 1°, en concordancia con lo establecido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem.-

este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, se declara INCOMPETENTE por la cuantía para conocer la pretensión de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO intentada por PALMA RIERA LEOYUNEIDA CADITA, en contra de BUILDING CONSTRUCCIONES C.A, previamente identificados.

Este Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara administrando Justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE la presente demanda por la presente demanda por motivo de DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta por el abogado, JOSE GUSTAVO CASTELLANOS MENDEZ, procediendo en su carácter de mandatario de la Sociedad Mercantil FRITZ, C.A. contra el ciudadano MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 19.696.555., por inepta acumulación, de conformidad a lo establecido en los artículos 78, 238, 341 y 630 del Código de Procedimiento Civil.

este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, se declara INCOMPETENTE por la cuantía para conocer la pretensión de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO intentada por RICARDO ENRIQUE DOMINGUEZ PUERTAS, en contra de BUILDING CONSTRUCCIONES C.A, previamente identificados.

DECISIÓN En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA que el JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PALAVECINO Y SIMÓN PLANAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA es el COMPETENTE, para conocer la presente acción de NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL, seguida por la ciudadana YOLANDA ELISA BELISARIO DE MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 391.310, en contra de la OFICINA DE REGISTRO PÚBLICO DEL MUNICIPIO PALAVECINO y a los Sucesores de la ciudadana RITA EMILIA GIMÉNEZ DÍAZ y a los ciudadanos DILCIA EMILIA DÍAZ GIMÉNEZ, RAMÓN ENRIQUE DÍAZ GIMÉNEZ y JUAN CARLOS ASUAJE DÍAZ. Se acuerda la remisión de las presentes actuaciones al Tribunal declarado competente, para que una vez recibido éste, continúe la tramita.....

DECISIÓN En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley y en sede Constitucional, decide lo siguiente: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la abogada ELBA NILAMA PÉREZ PUERTA, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 173.750, contra la sentencia de fecha 14 de diciembre del 2015, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. SEGUNDO: SE ANULA todo lo actuado desde la audiencia constitucional, se repone la causa al estado a que el A quo Constitucional que le corresponda conocer la causa realice nuevamente la audiencia constitucional y se pronuncie sobre las pruebas señaladas por la querellante en su libelo de Amparo Constitucional y continúe la tramitación de la causa. TERCERO: No hay condenato.....