DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal de Control No.10 Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela acuerda: Primero: Hacer la entrega del vehículo antes identificado en PLENA PROPIEDAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, al ciudadano: JOSE ANTONIO MELENDEZ, C.I Nº 9.847.774, en su condición de apoderado del ciudadano FELIX BIBIAN CARRASCO HERNANDEZ, C.I Nº 2.378.046. Quien se encuentra domiciliado en el Sector La Romana, calle Principal, casa S/N de esta ciudad de Carora, Municipio Torres. Segundo: Oficiar al Estacionamiento Inversiones Cupertina Meléndez de Carora, Estado Lara, que por decisión de esta misma fecha se acordó la entrega del Vehículo CLASE: CAMIONETA; TIPO: SPORT-WAGON; MARCA: CHEVROLET, MODELO: MALIBU, AÑO: 1977, COLOR: AZUL, USO: PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERIA: 1D35LGV121775, PLACA: VAS12Y. Notifíquese a las Partes. Regístrese. Cúmplase.

DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Septimo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, a tenor de lo dispuesto en el articulo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, DECLARA: PRIMERO: De conformidad con el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal ORDENA la Entrega del Vehículo MARCA CHEVROLET, MODELO CENTURY, AÑO 1986, COLOR GRIS, PLACAS AAU-37V, SERIAL CARROCERIA 4H19ZGV319564, CLASE AUTOMOVIL, TIPO SEDAN, USO PARTICULAR, SERIAL DE MOTOR ZGV319564, EN PLENA PROPIEDAD al ciudadano ANTONIO VARELA VIEIRA DE MARCO, cédula de identidad 6.222.237. SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se Exonera a al ciudadano ANTONIO VARELA VIEIRA DE MARCO, cédula de identidad 6.222.237, del pago de los gastos que generó el vehículo a causa del depósito, .....

condiciones fundamentales de los referidos créditos, impidiendo que en algún caso pudiera practicarse el anatocismo y la usura. La intención del legislador se erigió en la necesidad de resolver un problema fundamental y social del pueblo venezolano, referido a la vivienda principal y propia de todos los venezolanos, ante los antecedentes de sistemas crediticios que, lejos de permitir la adquisición de vivienda propia, destruían la poca estabilidad económica e incluso la familia, pues luego de haber entregado todos los ahorros en una inicial, al cabo de pocos años, debían mucho más de lo que inicialmente habían recibido en crédito, a pesar de pagar sumas mensuales que ahogaban los presupuestos, enfrentándose luego a procesos judiciales por falta de pago y la consecuente pérdida de sus hogares. Los legisladores como quienes hoy sentencia entienden a la vivienda principal y propia, como un derecho fundamental del ser humano, el cual debe ser defendido y garantizado, destinado a las pers.....

DISPOSITIVA Este Tribunal Octavo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, con fundamento en lo previsto en el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara procedente la solicitud fiscal, y se ordena el MANDATO DE CONDUCCIÓN, a los fines que el investigado OSCAR ENRIQUE COROMOTO PAZ MARTINEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.857.699, quien reside en el Edificio San Pedro, piso 1, apartamento 14, calle Los Comuneros, Teléfono 04145099448, Fundalara, Barquisimeto; SEA CONDUCIDO POR LA FUERZA PÚBLICA, con el debido respeto de sus derechos constitucionales, ante este tribunal para el día 07 de febrero de 2011, a las 08:00 A.M. Notifíquese. Líbrese los oficios y boletas correspondientes. Regístrese. Publíquese. LA JUEZA OCTAVA DE CONTROL Abg. RUBIA CASTILLO DE VÁSQUEZ .....

DISPOSITIVA Este Tribunal Octavo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, con fundamento en lo previsto en el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara procedente la solicitud fiscal, y se ordena el MANDATO DE CONDUCCIÓN, a los fines que el investigado OSCAR ENRIQUE COROMOTO PAZ MARTINEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.857.699, quien reside en el Edificio San Pedro, piso 1, apartamento 14, calle Los Comuneros, Teléfono 04145099448, Fundalara, Barquisimeto; SEA CONDUCIDO POR LA FUERZA PÚBLICA, con el debido respeto de sus derechos constitucionales, ante este tribunal para el día 07 de febrero de 2011, a las 08:00 A.M. Notifíquese. Líbrese los oficios y boletas correspondientes. Regístrese. Publíquese.

No estando llenos los requisitos exigidos, considerando este Juzgado de conformidad con la norma del artículo 267 del Código Civil, que no le corresponden a los niños de autos tales conceptos económicos, por disposición expresa del ente empleador de la Tía solicitante, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, considera IMPROCEDENTE la solicitud de autorización judicial formulada por la ciudadana BELINDA DEL CARMEN ROJAS SANCHEZ, para la inclusión de los niños Identidad omitida de conformidad con el Articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en los mencionados beneficios. Así se decide.

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada CLAUDIA OROPEZA MÉNDEZ, Apoderada Judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada en fecha 05/10/2010, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró SIN LUGAR las cuestiones previas, previstas en el artículo 346, ordinal 6° y 11º, del Código de Procedimiento Civil. Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado vencida en el presente recurso. Queda así la CONFIRMADA la sentencia apelada. De conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expída.....

Por las razones expuestas, este Tribunal de Control Nº 3, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de acuerdo a las previsiones legales contenidas en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, ORDENA LA APREHENSION A NIVEL NACIONAL DE LOS CIUDADANOS FRANCISCO ANTONIO BENAVENTE IRAZABAL C.I. Nº 14.680.370, nacido en fecha 28.04.1981, Venezolano, de 29 años de edad, residenciado en la calle Luís Herrera Campins con Av. Bolívar, casa Nº 65-11, El Cujì, Estado Lara y JOSÈ EFRAIN GONZÀLEZ C.I. 12.378.507, Venezolano, mayor de edad y residenciado en Sector El Jayo, final de la avenida Manuel Piar, parte Alta rancho de color naranja, El Cujì Estado Lara. Se ordena su aprehensión por las fuerzas de coerción del país. Notifíquese a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del Estado Lara. Ofíciese a la Coordinación de Defensoria Pública a los fines que le sea designado un Defensor Público Penal a los referidos ciudadanos. R.....

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley declara: CON LUGAR la Medida Cautelar Innominada, solicitada por la sociedad mercantil POLLOS LICENCIADOS, C.A.. Así se decide.

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE: Se declara IMPROCEDENTE, el amparo cautelar solicitado para la suspensión de efectos al acto recurrido.