Siguiendo en este orden de ideas, el artículo 130 Eiusdem, contiene una carga de comparecencia, cuyo incumplimiento, por parte del demandante, trae como consecuencia el desistimiento del procedimiento, el cual se traduce en la extinción del proceso, no pudiendo la parte actora volver a proponer la demanda antes que transcurra noventa (90) días continuos, contados a partir de la publicación de la sentencia oral que se dicte al efecto. Por lo precedentemente expuesto, este Tribunal declara desistido el presente procedimiento y terminado el proceso, a tenor de lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se establece.

Este Tribunal, visto que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el presente proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de el trabajador, ni normas de orden público, decide HOMOLOGAR EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada. Se ordena se archive el expediente. Emítase copias a las partes.

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, decide: Desistida la Acción por Cobro de Prestaciones Sociales intentada por la ciudadana MARGGIE HANTTE LOBO FONSECA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 7.441.506, representada por sus apoderadas judiciales abogadas DEYSY MUÑOZ, YULIMAR BETANCOURT, MORELA HERNANDEZ y LEILA ARRIECHI, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 36.491, 102.145, 102.257 y 92.335, respectivamente, contra la sociedad mercantil VENEZOLANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA C.A. (VISEVICA), antes identificada y representada por sus apoderadas judiciales abogadas NELSON VILLAROEL y ALFONZO MARA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los Nros. 88.192 y 114.394, respectivamente. Así se decide.-

Es importante señalar, que de manera injustificada y en violación de lo dispuesto en los artículos 10 y 511 de la Ley Orgánica del Trabajo, se modificó en la convención colectiva vigente el factor cálculo o salario base para el pago de los conceptos derivados de la relación de trabajo que había consagrado la contratación colectiva anterior, violentando el principio de progresividad, establecido en el Artículo 89 de la Constitución. Efectivamente, la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo y las cláusulas debe estar motivado y apreciarse que la nueva regulación favorece a los trabajadores; pero en el presente caso, se trata de idénticos beneficios, pero se redujo la base de cálculo o el salario de referencia.

DISPOSITIVA: Este Tribunal una vez oídas las exposiciones de las partes, Administrando Justicia En Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley decide en los siguientes términos: PRIMERO: Se admite la acusación fiscal en contra del ciudadano: JEANS CARLOS LOPEZ GALLARDO, Titular de la cédula de identidad Nº 20.922.571, por la presunta comisión los delitos de Violencia Física y Amenaza, previsto y sancionado en el Articulo 42 y 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en agravio de la ciudadana adolescente (identidad Omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA) SEGUNDO: Se admiten todas las pruebas promovidas por parte del Ministerio Publico por ser útiles, legales, pertinentes y necesarias. TERCERO: Se mantienen las medidas de protección y seguridad, así como las medidas cautelares dictadas en el presente asunto. CUARTO: Se acuerda librar traslado para el día 30 de Mayo del presente año 2.011 hast.....

DISPOSITIVA Por los razonamientos arriba expuestos, este JUZGADO DECIMO DE CONTROL, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA, EXTENSIÓN CARORA, ADMINISTRANDO JUSTICIA DE NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: PRIMERO: Se ordena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, la Apertura del Juicio Oral y Público en la presente causa seguida al ciudadano JUNIOR AGUSTIN SUAREZ PIÑA, Venezolano, Cédula de Identidad Nº 19.846.341, nacido en Carora estado Lara, nacido en fecha 08-07-90, de 20 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio trabaja en una zapatería; hijo de Lidise Maria Piña y Agustín David Suárez, grado de instrucción Bachiller, residenciado en Urbanización calicanto calle 8 sector 3 casa Nº 9, Teléfono: 0416-9505211, por la presunta comisión de los delitos de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previstos y sancionados en el articulo 5 de la ley sobre Hurto y Robo de vehículos.....

Este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, LE IMPARTE LA CORRESPONDIENTE HOMOLOGACIÓN y así se establece.

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho que han quedado expresados en la presente decisión; la Juez Temporal Tercera de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, declara: PRIMERO: Terminado el Procedimiento de Amparo Constitucional instaurado por los ciudadanos JESUS EDUARDO PIÑA y FELIX SEGUNDO, en contra de la empresa CONSTRUCTORA RIECA C.A. por falta de interés ante la incomparecencia de los querellantes a la audiencia constitucional SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del fallo.

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio en Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad concedida por la Constitución y la Ley Decide: INADMISIBLE el amparo constitucional interpuesto por el SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA TECNO CONGELADORES VENEZOLANOS C.A. (SINTRATECOVEN), representado por los ciudadanos LUIS ALVAREZ y RODOLFO RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad titulares de la cedula de identidad Nº 9.609.153 y 16.328.180, actuando en su condición de Secretario General y Secretario de organización, contra la INSPECTORIA DEL TRABAJO SEDE "PEDRO PASCUAL ABARCA" en la persona del ciudadano ELAM USTORGIO PACHECO, en su condición de Inspector del Trabajo. Así se decide.

A partir de ese momento y durante todo el procedimiento sancionatorio, el trabajador no mostró interés en la ejecución efectiva de la providencia, si bien consta en autos diligencia de fecha 14 de abril de 2011 (folio 58) en donde insiste en la ejecución, no se evidencia que se hubiese efectuado el traslado para verificar el reenganche. En consecuencia, es evidente la falta de interés actual del querellante en la fase final de las vías ordinarias; resultando forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE el amparo constitucional interpuesto, decisión de carácter formal que no produce cosa juzgada material. Así se decide.