PRIMERO: Con lugar la demanda por cobro de Prestaciones Sociales, interpuesta por el ciudadano JOSE RAFAEL MENDOZA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 8.511.645, contra la empresa Sociedad Mercantil GUTIERREZ PROTECCION Y SEGURIDAD C.A (GRUPOSE) Y solidariamente los ciudadanos JOSE RAFAEL GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 940.714 Y ciudadana LINA ZANTA DE GUTIERREZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N°2.071.346. En consecuencia la demandada deberá cancelar, al demandante los conceptos arriba descritos y que se dan acá por reproducidos. SEGUNDA. Conforme a criterio jurisprudencial emanado del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada por la sala de Casación social, en fecha 11/11/2008, Nº 1841; se concede la indexación judicial, sobre los montos reclamados y condenados por Garantía de prestación social y sus intereses, los cuales se calcularan desde la fecha en que termino.....

Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Carora, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de ley declara: Con lugar la solicitud de Divorcio, presentada por los ciudadanos María Verónica Dasneves Álvarez y Luinay Augusto Gallardo Suárez, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº V-13.527.101 y V-12.943.150, respectivamente, con fundamento en el artículo 185-A del Código Civil.

DISPOSITIVA Con fundamento en lo anteriormente expuesto, este Juzgadora Once de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 3º del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con lo establecido en el ordinal 8º del artículo 49 Ejusdem, seguida al ciudadano JOSE LUIS RODRIGUEZ, C.I Nº 9.854.648, Por el delito de VIOLENCIA PSICOLOGICA, ACOSO U HOSTIGAMIENTO Y AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 39,40 Y 41 de La Ley Organica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se ordena el archivo del expediente. Notifíquese a las partes. Regístrese, Publíquese, Cúmplase. JUEZ DE CONTROL Nº 11 ABG. MARILUZ CASTEJON PEROZO LA SECRETARIA.

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, el Juez Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: HOMOLOGAR el acuerdo celebrado entre los ciudadanos DOUGLAS PRINCIPAL, RICARDO GUTIERREZ, SAUL ARROYO, RAMON RAMOS y RAFAEL COLMENAREZ titulares de las cedulas de identidad Nro. 19.114.876, 11.581.785, 18.922.063, 10.961.785 y 15.817.055, respectivamente y la demandada SEGURIDAD LA GUADALUPE C.A (SEGUACA), en los términos anteriormente expuestos.

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la misma decisión, de fecha 08/11/2011. SEGUNDO: No hay condenatoria en Costas del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. TERCERO: Se CONFIRMA la Sentencia recurrida.

La sentencia recurrida estableció en su motiva (folio 125), que en el presente caso, luego del análisis de las probanzas, se verificó una jornada especial del trabajador en los términos previstos en el Artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente para ese momento, que no puede superar las 11 horas diarias. Así las cosas, es evidente que los cálculos efectuados en el libelo y reproducidos en la sentencia condenatoria de primera instancia, se encuentran errados, ya que para obtener la alícuota por hora del beneficio de alimentación, deber ser dividido el valor de la unidad tributaria entre 11 y no entre 8 horas. Por lo expuesto, se declara con lugar lo denunciado en esta instancia y se ordena cuantificar el mismo, conforme a la jornada especial establecida en la Ley para los trabajadores de la vigilancia (11 horas diarias), tomando en cuenta el 25% del valor de la unidad tributaria actual (Bs. 127,00), por tratarse de deudas de valor que deben ser recompensadas al trabajador, .....

En el presente caso, se observa que la parte actora tanto en el escrito libelar como en la subsanación, estableció en cada año los días que corresponden por el beneficio de alimentación, multiplicados por el porcentaje de la unidad tributaria correspondiente a ese periodo, lo cual generó el resultado total pretendido por dicho concepto. Tal situación, considera quien Juzga, es suficiente para poder entender el objeto de la pretensión, a los fines de ejercer el derecho a la defensa del accionado y para el Juez emitir pronunciamiento alguno, no existiendo con la presente alguna merma en la garantía del principio de seguridad jurídica y del derecho a la defensa invocados por la recurrida. En consecuencia, es evidente que el demandante cumplió con la orden de subsanación impartida por el Juez de Sustanciación, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación ejercido y se revoca la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecució.....

SE DICTA SENTENCIA DECLARANDO: Parcialmente Con Lugar la demanda incoada por la ciudadana MARÍA ALEJANDRA ARRIECHE, contra ACADEMIA DE DEPORTES ACUATICOS OPA, C.A., por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, el Juez Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: La suspensión del presente juicio por sesenta (60) días continuos, ante la existencia de una cuestión prejudicial conforme al Artículo 355 del Código de Procedimiento Civil por remisión expresa del Artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que no consta en autos el informe que determina el porcentaje de discapacidad, emitido por la junta evaluadora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), siendo requisito exigido para determinar la procedencia de las indemnizaciones de conformidad con el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

En mérito de las consideraciones precedentemente señaladas, este Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR las cuestiones previas contenidas en los ordinales 10° y 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la caducidad de la acción y a la prohibición de ley de admitir la acción propuesta, o cuando sólo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda; invocada por la parte demandada en la pretensión de DESALOJO interpuesto por la ciudadana SONIA ROMANO PERDOMO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 2.913.867 contra el ciudadano RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 24.544.500. Se condena en costas incidentales a la parte demandada. Ello de .....