DECISION Por las razones antes expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley PRIMERO: REPONE la causa al estado de admisión de la demanda, anulando el auto de admisión de fecha 27/06/2013 y actuaciones subsiguientes. SEGUNDO: Se declara INADMISIBLE la demanda propuesta por la profesional del derecho TAHISBELYS ORDOÑEZ VARGAS contra la sociedad de comercio EDITORIAL AGUILAR, C.A representada por el ciudadano JOSE ORLANDO AGUILAR, quien también es demandado a titulo personal, todo en sintonía con el fallo Constitucional 320/2000. Así se establece.- Se ordena la notificación de las partes de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

En lo que respecta al peligro por demora (fumus periculum in mora) se observa que con la demanda se produjo una copia fotostática del reglamento de condominio del Centro Comercial las Cúpulas y copia fotostática de dos (2) contratos de venta celebrados supuestamente entre los demandados y unos terceros, donde se materializó la venta de los locales comerciales distinguidos así: Local No. PB-05; PB-06; PB-07; PB-08 y PB-09 objeto del contrato cuya resolución se pide al Tribunal Arbitral. Estas documentales, cuya autenticidad puede ser impugnada en el debate probatorio, a juicio de esta sentenciadora no son suficientes para presumir gravemente la existencia de un peligro inminente de inejecución de una eventual decisión favorable a la accionante en razón de que lo que se pretende es la resolución del contrato celebrado entre los litigantes de este procedimiento y el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, no se pretende la ejecución o cumplimiento del .....

No obstante, los libros del Tribunal, entre ellos el libro de solicitudes de expediente (L-9) si bien reposan en un archivo público pudiendo ser visualizados por cualquier interesado, no es menos cierto, que no son de aquellas actuaciones que pueden ser certificadas por la Secretaría del Tribunal, por tanto, en virtud que la potestad de certificación está reglada y siendo que la secretaria está autorizada para expedir copias certificadas a las partes y/o interesados de las actuaciones de las actas procesales, en sintonía con los artículos previamente mencionados se niega por improcedente lo peticionado por la parte actora. Así se establece.-