La accionada manifestó que las vacaciones, bono vacacional y bonificación de fin de año se pagaban anualmente, por lo que rechaza lo pretendido; niega el pago del beneficio de alimentación, ya que no estaba obligada a su cumplimiento, ya que ni la Ley de Alimentación, ni el Reglamento, establecían su otorgamiento durante el curso del procedimiento administrativo; señala que no adeuda indemnización por despido injustificado, ya que su contrato finalizó y no pudo ser reengancha por estar la accionada en crisis presupuestaria y económica, siendo su reingreso un perjuicio al patrimonio público, razón por la cual solicita se declare sin lugar lo pretendido. Respecto al régimen jurídico aplicable, es importante señalar, que la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que el régimen de los contratados es el indicado en el respectivo contrato, el cual no se evidencia en autos, por lo que conforme al principio de igualdad previsto en el Artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trab.....

Así las cosas, se observa del presente juicio, que en fecha 13 de diciembre de 2011, se advirtió al actor de la necesidad de consignar el porcentaje de discapacidad necesario para la continuación del presente juicio, es decir, hace más de un año; por lo que se declaró la prejudicialidad el 10 de enero de 2012; estando la causa suspendida por más de los sesenta (60) días continuos señalados por la alzada para la consignación del mismo so pena de ser aplicadas las consecuencias legales. Entonces, siendo el porcentaje de discapacidad, necesario para determinar y cuantificar las posibles indemnizaciones pretendidas en el presente juicio (artículos 80 y 130 de la LOPCYMAT), y vista la falta de interés del actor en la tramitación y consignación del mismo, se declara terminado el procedimiento, decisión de carácter formal que no produce cosa juzgada material. Así establece.