Ahora bien, visto que la Ley no dispuso que los asuntos iniciados bajo el régimen contencioso administrativo anterior se remitieran a los Juzgados del Trabajo por la modificación de competencia, y aplicando la norma establecida en el Código de Procedimiento Civil (ya citada), no corresponde el conocimiento a este Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, sino al Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de ésta Circunscripción Judicial. Por lo tanto, ante los razonamientos antes expuestos, conforme a lo previsto en el Artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, éste Juzgador plantea de oficio el conflicto negativo de competencia (regulación oficiosa de la competencia) frente a la decisión emanada del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental referida. Con fundamento en el Artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, se ordena remitir copia de lo conducente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, tribunal su.....

Como ya se dijo, los trabajadores querellantes no manifestaron interés en el acto de ejecución forzosa; y el procedimiento de multa se inicio de oficio, no existiendo en autos constancia de que haya sido impulsada por los trabajadores. En consecuencia, es evidente la falta de interés actual de las querellantes en la fase final de las vías ordinarias; resultando forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE el amparo constitucional interpuesto. Así se decide.

Es importante observar que el vicio denunciado requiere el examen de fondo (existencia de la relación de trabajo), lo cual podría generar un adelanto de opinión en el presente asunto; por lo que no existe presunción alguna que avale la apariencia del buen derecho que exige el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA). En cuanto al segundo de los requisitos, se desprende que el procedimiento se inició en fecha 18 de marzo de 2010; la providencia administrativa se pronuncia sobre el despido verificado el 29 de octubre de 2010, y es notificada de la misma el 10 de noviembre de 2010; por lo que los salarios dejados de percibir son de data reciente, no teniendo la deuda grandes dimensiones, razón por la cual debe mantenerse el interés colectivo y social que representa la inamovilidad. Por otra parte, el solicitante podrá obtener la suspensión parcial de los efectos del acto administrativo, si cumple con la garantía que fije el Tribunal, a tenor.....

En el presente caso, este Juzgador observa que la parte actora no fundamentó la violación directa de la norma constitucional y el vicio de nulidad del acto administrativo impugnado es el falso supuesto, que requiere de verificación en el proceso principal. Por lo expuesto, y visto que no existen pruebas de la violación denunciada, ni el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma legal (Artículo 5 Ley Orgánica de Amparo), se declara improcedente la solicitud de amparo cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado. Así se decide.

En virtud de la aceptación de la actora, en el pago ofrecido por la demandada y aclarados los puntos controvertidos, este Tribunal procede a homologar la transacción celebrada entre las partes por cumplir los extremos de Ley, ya que una vez analizados los puntos se evidenció que no hubo violación de los derechos irrenunciables del trabajador. Así se decide.-