Entonces, se verifica de autos, que el acto administrativo fue dictado el 16 de enero de 2013 (folio 14); teniendo el actor pleno conocimiento de la decisión dictada, el 18 de febrero de 2013, como lo indicó en el escrito libelar, por lo que a partir de ese momento debe computarse el lapso de caducidad previamente establecido, teniendo hasta el 20 de marzo de 2013 para presentar la demanda de nulidad. Se observa del sello húmedo colocado por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Estado Lara (URDD CIVIL), al final del libelo, que la demanda fue presentada en fecha 30 de julio del 2013 (folio 7), superando con creces el lapso legalmente previsto. En consecuencia, al interponerse la demanda de nulidad fuera del lapso de treinta (30) días continuos, por tratarse de un acto administrativo de efectos temporales, resulta forzoso para este Tribunal declarar INADMISIBLE la pretensión, por cuanto operó la caducidad, conforme a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley .....

De lo anterior se evidencia que no todas las pretensiones de la actora fueron declaradas con lugar, como lo hace saber en el escrito consignado; por lo que al existir un concepto que resultó improcedente, su vencimiento fue parcial, no existiendo condenatoria en costas, conforme al Artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el criterio reiterado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, al no evidenciarse la contradicción alegada por la parte actora en la sentencia dictada en fecha 30 de julio del 2013, se declara sin lugar la aclaratoria solicitada, conforme al Artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

Entonces, siendo dicho criterio obligante para éste Juzgador, por ser la jurisprudencia laboral fuente de Derecho, conforme a lo previsto en el Artículo 16, literal f, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT), la causa no puede suspenderse por más de sesenta (60) días, a los fines de que el actor consigne el porcentaje de discapacidad respectivo, ya que de no hacerlo, se les aplicará las consecuencias de Ley. En consecuencia, ante la existencia de una cuestión prejudicial, que necesita su resolución para a continuación del presente juicio, este Juzgado ordena la suspensión de la causa por sesenta (60) días continuos, a los fines que el demandante consigne en autos el porcentaje de discapacidad emitido por la Comisión evaluadora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de conformidad con el Artículo 355 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del Artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.