De la revisión de las actas que conforman el presente expediente, se observa que la parte recurrente se limitó de manera general a solicitar la suspensión de efectos de la Providencia Administrativa N° 1411 de fecha 19 de enero de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara Acto Administrativo Nro. 0003, de fecha 11 de Enero del 2007 notificada el 31 de Enero del 2007, sin exponer los argumentos de hecho y derecho que consideraba pertinentes, así como la determinación de los requisitos relativos a la procedencia de las medidas cautelares, esto es, fumus boni iuris y periculum in mora, los cuales debían ser expuestos en la presente medida, ya que se trata de un mecanismo procesal diferente al recurso principal. No obstante a ello, la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo cuya nulidad se solicite, no sólo debe estar fundamentada en las razones de hecho y de derecho que la parte afectada considere pertinente alegar, sino que el solicitante t.....

IV Decisión En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley decide: declarar CON LUGAR la medida de suspensión de efectos solicitada las sociedades mercantiles ITALCAMBIO C.A, y CONSULTORES Y ASESORES NIUBAY C.A., a través de su apoderado judicial ROSINA ANKA, venezolana, mayor de edad, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 92.024 y en consecuencia se acuerda la SUSPENSION DE LOS EFECTOS del acto administrativo contenido en la providencia administrativa N° 0025, de fecha 31 de Enero de 2007, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara sede Barquisimeto Centro, hasta tanto se tenga sentencia definitiva en el presente recurso. Para el cumplimiento de la medida decretada se acuerda oficiar a.....

Este Tribunal sobre la base de la anterior sentencia que tiene carácter vinculante para todos los tribunales de la República, se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente demanda de Cobro de prestaciones Sociales y otros Conceptos Laborales interpuesta por la ciudadana Elizabeth Pastora Sandoval Suárez, antes identificada. En virtud de que la presente demanda excede de las diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.) establecidas para conocer de las demandas contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo y por cuanto la misma de igual manera excede las setenta mil uno (70.001) unidades tributarias, este Tribunal DECLINA LA COMPETENCIA a la SALA POLITICO ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, con sede en Caracas. Así se decide, Administrando Justicia, Actuando en nombre de la República y por Autoridad de la Ley. Notifíquese al demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia r.....

DECISIÓN En consecuencia, este Tribunal, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente acción y en consecuencia: PRIMERO: DECLINA LA COMPETENCIA ante uno de Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. SEGUNDO: REMITIR CON OFICIO el presente asunto a la Unidad Receptora de Documentos Civil, el presente asunto a los fines de su distribución. Así se declara. Désele salida bajo oficio. El Juez Titular, Dr. Freddy Duque Ramírez La Secretaria, Abog. Sarah Franco Castellanos FDR/Reimar

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la Querella Funcionarial interpuesta por la ciudadana MARISOL BAUTISTA PERDONO MONTILLA, en contra del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA. SEGUNDO: Se mantiene firme y con todos los efectos jurídicos el Acto Administrativo de amonestación contenido en la Resolución Nº 001-09-05, de fecha 03 de Marzo del 2006 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. TERCERO: No hay condenatoria en costas en virtud del principio de igualdad constitucional de las partes, ya que si la Admin.....

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la Querella Funcionarial interpuesta por la ciudadana OHIO MARGARITA RAMOS DE RODRÍGUEZ, en contra del CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MORÁN DEL ESTADO LARA. SEGUNDO: Se declara Nulo de Nulidad Absoluta el Acto Administrativo contenido en el Acuerdo Nº 2279 aprobado en la Sesión Ordinaria Nº 14 de fecha 15 de marzo del 2007, y publicado en la respectiva Gaceta Municipal en fecha 20 de Abril del 2007. En consecuencia, se mantiene vigente y con todos los efectos jurídicos el Acuerdo Nº 1927 por medio del cual se otorgó la jubilación a la ciudadana Ohio Margarita Ramos De Rodríguez, la cual se declara procedente con plenos efectos jurídicos a partir del 01 de Septi.....

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara INADMISIBLE la Querella Funcionarial interpuesta por la ciudadana RAFAELA MARÍA GUTIÉRREZ, en contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SIMÓN PLANAS DEL ESTADO LARA, por haber operado la caducidad. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón del principio de igualdad Constitucional de las partes, ya que si bien no puede condenarse a la Administración Pública mal podría condenarse a los particulares.