Este Tribunal de Control Nº 9 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ACEPTA LA DESESTIMACION DE LA DENUNCIA, solicitada por el Fiscal Segundo del Ministerio Público y se ordena su devolución en la oportunidad legal para que proceda al archivo del presente Asunto de conformidad con lo establecido en el Artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal.

Recibido como ha sido comunicación suscrita por la Supervisora de la Unidad de Atención a la Victima del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Lara, Abog. Ludmilian Astudillo en la cual informa la necesidad de mantener la medida de protección policial acordada a la denunciante, Ciudadana VILMA DEL CARMEN HEREDIA AREVALO, es por lo que se ACUERDA RATIFICAR LA MEDIDA DE PROTECCIÓN acordada en fecha 29-07-03 por este Tribunal a la prenombrada ciudadana y a su familia. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal.

Recibido como ha sido comunicación suscrita por el Supervisor (E) de la Unidad de Atención a la Victima del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Lara, Abog. Andrés Rodríguez en la cual informa la necesidad de mantener la medida de protección policial acordada a la denunciante de un delito contra las personas, Ciudadana MARÍA SILVERIA MENDOZA GOYO, es por lo que se ACUERDA RATIFICAR LA MEDIDA DE PROTECCIÓN acordada en fecha 30-05-03 por este Tribunal a la prenombrada ciudadana y a su familia. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal.

Recibido como ha sido comunicación suscrita por la Supervisora de la Unidad de Atención a la Victima del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Lara, Abog. Ludmilian Astudillo en la cual informa la necesidad de mantener la medida de protección policial acordada al Ciudadano MARTÍN CARAGIANNIS PINTO, es por lo que se ACUERDA RATIFICAR LA MEDIDA DE PROTECCIÓN acordada en fecha 26-06-03 por este Tribunal al prenombrado ciudadano y a su familia. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal.

Vista la solicitud de REVISION DE MEDIDA CAUTELAR PRIVATIVA DE LIBERTAD, presentada por el Dr. NAPOLEON ORELLANA, en su condición de DEFENSOR PRIVADO del ciudadano HECTOR CAMACHO , a quien este Tribunal le dictara medida privativa de libertad en fecha 10 de Abril, por estar incurso presuntamente en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, PORTE ILICITO DE ARMA y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR. Este Tribunal observa que las circunstancias que dieron lugar a considerar que en el presente caso se encuentran llenos los extremos previstos en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, se mantienen inalterables, en virtud de lo cual SE NIEGA LA SOLICITUD FORMULADA DE MODIFICACION DE LA MEDIDA PRIVATIVA dictada, en su oportunidad a tenor de lo previsto en el artículo 264 ejusdem,

Recibido como ha sido comunicación suscrita por la Supervisora de la Unidad de Atención a la Victima del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Lara, Abog. Ludmilian Astudillo en la cual informa la necesidad de mantener la medida de protección policial acordada a la denunciante, Ciudadana ADA HERNANDEZ, es por lo que se ACUERDA RATIFICAR LA MEDIDA DE PROTECCIÓN acordada en fecha 29-05-03 por este Tribunal a la prenombrada ciudadana y a su familia. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal.

Revisada como ha sido la presente causa, y por cuanto los hechos que se investigan sucedieron en la población de Carora, se acuerda DECLINAR LA COMPETENCIA a esa extensión judicial. Asimismo, por cuanto por error involuntario se tramitó y fijó Audiencia Preliminar, por ante este Tribunal, es por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 57 y 61 del Código Orgánico Procesal Penal SE DECLINA LA COMPETENCIA, y se ordena la remisión inmediata de las actuaciones al Tribunal de Control de este mismo Circuito Judicial Penal extensión Carora, a los fines legales pertinentes. Mantengase la vigencia de todo lo actuado a tenor de lo previsto en el artículo 62 ejusdem.

Este Tribunal de Control Nº 9 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ACEPTA LA DESESTIMACION DE LA DENUNCIA, solicitada por el Fiscal Segundo del Ministerio Público y se ordena su devolución en la oportunidad legal para que proceda al archivo del presente Asunto de conformidad con lo establecido en el Artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal.

Recibido como ha sido comunicación suscrita por la Supervisora de la Unidad de Atención a la Victima del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Lara, Abog. Ludmilian Astudillo en la cual informa la necesidad de mantener la medida de protección policial acordada a la denunciante, Ciudadana VILMA DEL CARMEN HEREDIA AREVALO, es por lo que se ACUERDA RATIFICAR LA MEDIDA DE PROTECCIÓN acordada en fecha 29-07-03 por este Tribunal a la prenombrada ciudadana y a su familia. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal.

Recibido como ha sido comunicación suscrita por el Supervisor (E) de la Unidad de Atención a la Victima del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Lara, Abog. Andrés Rodríguez en la cual informa la necesidad de mantener la medida de protección policial acordada a la denunciante de un delito contra las personas, Ciudadana MARÍA SILVERIA MENDOZA GOYO, es por lo que se ACUERDA RATIFICAR LA MEDIDA DE PROTECCIÓN acordada en fecha 30-05-03 por este Tribunal a la prenombrada ciudadana y a su familia. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal.