CONCEDE EL BENEFICIO DE REDENCIÓN DE LA PENA POR EL TRABAJO solicitada por el penado: FALCON WILMER LUIS,

CONCEDE EL BENEFICIO DE REDENCIÓN DE LA PENA POR EL TRABAJO solicitada por el penado: ALVAREZ VARGAS JHON JOSÉ

En virtud del análisis antes expuesto, este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial Del Estado Lara, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano BALTAZAR SEGUNDO HERRERA en contra del ciudadano ALBERT LEAL.

Este Juzgado Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADA la transacción celebrada entre el ciudadano JACOB ENRIQUE CARRERO BURGOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 15.020.437, asistido por su apoderada judicial la profesional del derecho JESMAR MELENDEZ, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogados bajo el Nro. 102.142; y la parte demandada CEMEX DE VENEZUELA S.A.C.A., representado por su apoderada judicial ELIZABETH RODRIGUEZ, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el N° 56.239, en los términos indicados en el extenso del fallo. Así se decide.-

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADA la transacción celebrada entre el ciudadano IVAN ENRIQUE PARRA COLMENAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 4.587.456, en contra de la sociedad mercantil TALLER MECANICO DE OCCIDENTE, C.A., en los términos expuesto en la motiva del fallo. Así se decide.-

DISPOSITIVA El Tribunal Décimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resolvió: PRIMERO: Admite la acusación Fiscal de conformidad con lo establecido en el Artículo 330 ordinal 2º interpuesta por la Fiscalía 8º del Ministerio Público, contra la ciudadana CRINORKIS JOSEFINA CRESPO GUERRERO, Venezolano, Cédula de Identidad Nº 13.527.912, por el delito de ESTAFA Y HURTO, previsto y sancionado en el artículo 462 Y 451 del Código Penal Vigente. SEGUNDO: Se Admiten Totalmente las Pruebas presentada por el Fiscal del Ministerio Público, tanto las testimoniales de expertos, funcionarios actuantes, testigos presénciales y referenciales, y las pruebas documentales, por ser las mismas legales, licitas, pertinentes y necesarias para el Juicio Oral y Público, de conformidad con el artículo 330 ordinal 9° del mencionado código, a la que se adhiere la defensa . .....

DISPOSITIVA En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Segundo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA ¬¬¬¬PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACION, interpuesta por el ABG. JOSE IGNACIO GEORGE, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 39.727, en su condición de apoderado judicial del demandante MEDICA LA SALLE C.A., en contra de la sentencia de fecha 20 de Febrero del 2.009, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declarándose en consecuencia lo siguiente: PRIMERO: SIN LUGAR la defensa perentoria de falta de cualidad de la actora para intentar el presente juicio alegada por la accionada. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda de daños y perjuicios por hecho ilícito incoada por MEDICA LA SALLE C.A. contra el Banco de Venezuela S.A. Banco Universal.....

DECISIÓN En consecuencia, por cuanto la mencionada sentencia no contiene declaraciones ni disposiciones contrarias al orden público ni al derecho público venezolano ni a las buenas costumbres, este Juzgado Superior Primero Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, con fundamento en el Art. 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, concede FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia de DIVORCIO de fecha 26 de noviembre de 2010, dictada por el JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, con su Apostille o legalización única Convenio de la Haya; que declaró disuelto por DIVORCIO el matrimonio de ERAZO JOSÉ MARÍA con BLANCA CECILA ABRIL, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración. Devuélvanse los documentos acompañados a dicha solicitud y déjese copia certificada en su lugar, de conformidad con el Artícul.....

Sobre la base de las consideraciones anteriores, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley de conformidad a lo establecido en el articulo 8, 358, 359, 360, 363 y 390 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, y Adolescentes declara SIN LUGAR la demanda por Restitución de Guarda intentada por la ciudadana YSBELIA DEL CARMEN PIÑERO LUCENA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.789.850, en contra del ciudadano JOSE ESTEBAN VASQUEZ QUERALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 11.783.051.

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, la Juez Temporal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: Inadmisible el amparo constitucional solicitado, por falta de interés actual del querellante en la fase final de la vía ordinaria correspondiente, de conformidad con el Artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, porque no se inició el procedimiento.-