Visto el contenido de los escritos de fecha 27/07/04 y 06/08/04, , suscritos por los Abogados de confianza del Acusado WILLIE ALBERTO ROJAS MARTINEZ, titular de la Cédula de identidad N° 17.378.333, a quien el Ministerio Público le imputa el delito de ROBO AGRAVADO Y LESIONES PERSONALES LEVES, previstos y sancionados en los artículo 460 y 415 del Código Penal. El artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal le da derecho al Imputado de solicitar la revocatoria o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinentes; sin embargo dicha disposición no es vinculante para el Juez, por lo que deberá analizar la gravedad del delito y el bien jurídico puesto en peligro para otorgar o no el cambio de medida cautelar sustitutiva y por cuanto el Imputado ni siquiera tiene tres meses detenido por un delito precalificado como un delito de acuerdo a mi criterio como grave, aunado al hecho que las circunstancias que dieron origen al Tribunal.....

Visto el contenido del escrito de fecha 17-08-2004, suscrito por la Defensora Pública Penal, Abog. ANA MORILLO, donde solicita se examine la medida y se sustituya por una menos gravosa a su defendido EDUARDO VARGAS, por cuanto el mismo se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Uribana. Ahora bien, en fecha 19-06-2003, este Tribunal tal como se evidencia a los folios 102 al 105, otorgó a su defendido medida cautelar sustitutiva de privación de la libertad prevista en el artículo 256 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal. En fecha 21-10-2003, este Tribunal recibió comunicación emanada del Departamento de Registro y Control de Detenidos de las Fuerzas Armadas Policiales, donde informa que el ciudadano EDUARDO JOSE VARGAS, fue recluido en dicho centro a la orden del Tribunal de Control N° 6, de esta entidad federal. En consecuencia, se ABSTIENE este Tribunal de emitir un pronunciamiento relacionado con la sustitución de la medida de detención domiciliaria en .....

D I S P O S I T I V A Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en función de Ejecución N° 3, Administrando Judicial en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA EL BENEFICIO DE REGIMEN ABIERTO, al Penado SEQUERA JOSE ERNESTO, titular de la cédula de identidad Nº 2.910.176 , ampliamente identificado en autos, por cuanto no están llenos los extremos exigidos por la Ley, y así se decide.-

DECISIÓN Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal en Función de Ejecución N° 4, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: REVOCA EL BENEFICIO DE DESTACAMENTO DE TRABAJO, al penado OLIVER YHONATHAN TORREZ LUCENA, cédula de identidad N° 12.436.248, de conformidad con el artículo 512 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese la presente decisión. Notifíquese al Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público y a la Defensa. Líbrese Oficio a la Delegado de Prueba. Líbrese oficios correspondientes a los fines de dar captura al referido penado. Cúmplase.

SE DECLARO LA PERENCION POR HABER TRANSCURRIDO MAS DE UN AÑO SIN QUE SE HAYA MATERIALIZADO LA CITACION DE TODOS LITISCONSORTES.

D E C I S I O N En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero Accidental en lo Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano MANUEL MORALES contra la sentencia dictada el 6 de junio de 2002 por la Juez Nº 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara, con sede en Carora, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de obligación alimentaria intentada por la ciudadana OLY CARRASCO contra el precitado ciudadano y fijó en Bs. 75.000,00 mensuales la cuota alimentaria en beneficio de la niña PAOLA ANDREÍNA CARRASCO. Así mismo ordenó al ciudadano Manuel Hortensio Morales cubrir el 50% de los gastos de vestuario, asistencia médica, medicinas, entre otros que progresivamente requiera la niña. Queda REVOCADA la decisión apelada. De conformidad con el Art. 248 del Código de Procedimiento Civil, ex.....

DISPOSITIVA: Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal de Ejecución, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACUERDA EL TRASLADO DE LA PENADA: MARISOL DEL CARMEN FERREIRA, Cédula de Identidad N° 12.179.377, del Centro Penitenciario de esta ciudad, hasta la Cárcel Nacional de Maracaibo, de conformidad con los artículos 479 ordinal 1º, 481 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el articulo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y parte in fine del articulo 2, 57 de la Ley de Régimen Penitenciario. Ofíciese al Director del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental así como también como al Director de la Cárcel Nacional de Maracibo Estado Zulia, remítasele copia de la presente decisión. Cúmplase.

DISPOSITIVA Por lo antes expuestos, este Tribunal de Ejecución N° 3, Administrando Justicia en nombre de la República y Por Autoridad de la Ley: Acuerda remitir las presentes actuaciones al Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana, referente al penado JOSE DUDULAY SANDOVAL GELVIS, Cédula de Identidad N°4.847.334, por cuanto cesó la vigilancia penitenciaria. Todo de conformidad con el artículo 481 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese oficio. Se termina el asunto por el sistema Juris 2000.Cúmplase.

DISPOSITIVA Por lo antes expuestos, este Tribunal de Ejecución N° 3, Administrando Justicia en nombre de la República y Por Autoridad de la Ley: Acuerda remitir las presentes actuaciones al Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, referente a la penada PATRICIA URBINA, Cédula de Identidad N° Indocumentada, por cuanto cesó la vigilancia penitenciaria. Todo de conformidad con el artículo 481 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese oficio. Se termina el asunto por el sistema Juris 2000.Cúmplase.

Se declara la improcedencia del llamado a tercero Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A, que el juzgado de la instancia acordó mediante auto de fecha 09 de julio de 2004, como se evidencia a los folios 74 y 75, en consecuencia, debe revocarse parcialmente el fallo recurrido y debe ordenarse a la instancia proseguir las diligencias de notificación de la garante Seguros Guayana a objeto de realizar la Audiencia Preliminar.