Por todos los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal, OTORGA, al penado RAÚL ADELMO RODRÍGUEZ HERNANDEZ, cédula de identidad Nº 17.599.176, ampliamente identificado en autos, la FORMA ALTERNATIVA DE CUMPLIMIENTO DE PENA CONSISTENTE EN EL DESTINO AL REGIMEN ABIERTO, hasta hacerse acreedor de una nueva fórmula alternativa de cumplimiento de pena, durante el cual deberá cumplir con las condiciones anteriormente señaladas. De conformidad con lo establecido en el Artículo 511 del Código Orgánico Procesal Penal, el tribunal de ejecución revocará la medida impuesta, cuando por la comisión de un nuevo delito sea admitida acusación en contra del condenado, o cuando se incumpla alguna de estas obligaciones aquí impuestas.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución Nº 04, Administrando Justicia, en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley OTORGA la Formula Alternativa de Cumplimiento de Pena de REGIMEN ABIERTO, al penado: MONTESINOS PIMENTEL JAIRO ANTONIO, portador de la Cedula de Identidad Nº 13.085.950, todo de conformidad con los artículos 479, Tercer aparte en relación con el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal. LA MISMA SE HARA EFECTIVA UNA VEZ SE ESTABLEZCA LA SITUACION JURIDICA DEL PENADO EN EL ASUNTO SEGUIDO POR ANTE EL TRIBUNAL DE JUICIO Notifíquese a las partes fiscal , defensa, Director del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental Cúmplase Regístrese y Publíquese la presente decisión; Notifíquese a las partes.- Cúmplase.

En Virtud de las razones antes expuestas, este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial Del Estado Lara, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano JOSE RAMÓN YEPEZ en contra de la Sociedad Mercantil INDUSTRIA FORESTAL PINO LARA C.A y solidariamente a los Ciudadanos ROCCO FRABRIZI y WILLIANS GIL.

Este Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO

este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y como consecuencia de ello la extinción del proceso. SEGUNDO: Se ordena el archivo del expediente y la remisión del mismo al Depósito de Expediente del Archivo Judicial Regional. TERCERO: No hay condenatoria en costas en atención a lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación analógica según remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Vista la incomparecencia de la parte actora en el presente juicio y de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado Segundo (2) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, dicta seguidamente el dispositivo del fallo, así: PRIMERO: SE DECLARA EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO HABIDO EN EL JUICIO INCOADO POR MARIA ALEJANDRA MENDOZA GOYO EN CONTRA INMOBILIARIA MAC C.A y así, SE DÁ POR TERMINADO EL PROCESO Y SE DECLARA EXTINGUIDA LA INSTANCIA. ASÍ SE DECIDE.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA Dada, sellada y firmada en el Despacho del Juzgado Segundo (2) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En 21 de Octubre del año 2011. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación

Se dictò sentencia en la cual se DECLARÒ CON LUGAR la demanda en virtud de haber operado la CONFESION FICTA. Notifìquese a las partes de conformidad con el artìculo 251 del Còdigo de Procedimiento en virtud de haber sido publicada la presente sentencia fuera del lapso de ley.

Se declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por la parte demandante COVENCAUCHO INDUSTRIAS S.A. de ordenar al INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES DIRECCION ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES LARA, TRUJILLO Y YARACUY, la suspensión de los efectos de la Certificación de Discapacidad Parcial Permanente Nº 343/10, emanada por el referido Instituto en fecha 20 de octubre de 2010.

En virtud de las consideraciones expuestas previamente, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso planteado por la parte querellante en fecha 12 de agosto de 2011, se confirma la sentencia de primera instancia dictada en fecha 11 de agosto de 2011 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción judicial del Estado Lara, que declara la INADMISIBILIDAD del amparo constitucional interpuesto por la ciudadana CRISEIDA CHINQUIRÁ TORIN RAMIREZ, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.386.271, contra la empresa querellada DROGUERIA NENA, C.A. Se CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida.

Resulta evidente, que el querellante actuó de manera apresurada, violentando lo dispuesto por la Sala Constitucional para el acceso a ésta vía extraordinaria, siendo imperativo para este Juzgador declarar INADMISIBLE el amparo constitucional interpuesto, porque la parte actora optó por la vía de ejecución administrativa ordinaria, conforme a lo previsto en el Artículo 6, Nº 5, de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantía Constitucionales y no permitió al Inspector del Trabajo que cumpliera lo dispuesto en el Artículo 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para el agotamiento de esa vía; y por consecuencia, no se materializaron los extremos fijados por la Sala Constitucional, en la sentencia Nº 2308, de fecha 14 de diciembre de 2006, (caso: Guardianes Vigiman S.R.L.), ya analizados.