ESTE TRIBUNAL declara la INADMISION SOBREVENIDA, por ser imposible seguir adelante con la presente solicitud sin las copias certificadas de los documentos fundamentales requeridos debido a que no se aclara quienes son los beneficiarios en la presente causa.-

En virtud de los razonamientos expuestos este Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Admite La Querella incoada por Manuel Alexander Betancourt Contreras, C.I. Nº 13.842.081, representado por el Profesional del Derecho Carlos Luís González, Abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 50.685, en contra de León Henrique Cottin, Omar Bello Rodríguez, Donal T, Devost, Santiago de Ybarra, Vitalino Manuel Nafria Aznar y Luís Bernardo Juango Fitero, pertenecientes a la Junta Directiva del Banco Provincial, S.A. Banco Universal, por la presunta comisión del delito de Agavillamiento y Apropiación Indebida Calificada, previstos y sancionados en los artículos 286 y 468 del Código Penal En razón de todo lo ya señalado se le confiere a Manuel Alexander Betancourt Contreras, C......

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, la Juez Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: Se declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por la UNEXPO de ordenar a la Inspectoría la suspensión de los efectos de la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 001231, de fecha 08 de octubre de 2010 dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, sede Pedro Pascual Abarca, mediante la cual declaro con lugar la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos interpuesta por los ciudadanos DEIBIS GARCÍA, GUSTAVO GARCÍA, HUMBERTO CASTILLO y NAUDY RODRIGUEZ, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-12.851.209, 10.841.328, 12.020.071 y 14.878.966 respectivamente. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de esta decisión.

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE: Se declara IMPROCEDENTE, el amparo cautelar solicitado para la suspensión de efectos al acto recurrido.

Este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, aprueba la mencionada justificación y la declara TITULO SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD de las bienhechurías antes descritas que ejerce el ciudadano, JOSE ANTONIO GOMEZ RICO, antes identificado. A los fines de su registro, se le advierte al Registrador respectivo, que conforme al Acuerdo del Primero (01) de Abril de 1.970, dictado por la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa, para proceder a la protocolización de un Título Supletorio expedido sobre bienhechurías en un terreno ajeno, se requiere la autorización del propietario, sea éste un ente Público o un particular.

Este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, aprueba la mencionada justificación y la declara TITULO SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD de las bienhechurías antes descritas que ejerce la ciudadana, KARELYS CAROLINA FRANCO RODRIGUEZ, antes identificada. A los fines de su registro, se le advierte al Registrador respectivo, que conforme al Acuerdo del Primero (01) de Abril de 1.970, dictado por la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa, para proceder a la protocolización de un Título Supletorio expedido sobre bienhechurías en un terreno ajeno, se requiere la autorización del propietario, sea éste un ente Público o un particular.

Este Tribunal considera que de la justificación aludida conforme a las testimoniales rendidas por los testigos suficientemente identificados en auto, se evidencia claramente las pretensiones y fundamentos del solicitante y procediendo de conformidad con el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, declara bastante y suficiente la justificación evacuada para asegurar el derecho de propiedad y posesión a favor de la ciudadana: GLADYS CRISTINA POLANCO GALLARDO, sobre unas mejoras o bienhechurías ubicadas en: BARRIO 5 DE JULIO, CALLE 1 CON CARRERA 2 Y 3 CASA N° 21, JURISDICCION DE LA PARROQUIA JUAN DE VILLEGAS, MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, y alinderadas en: NORTE: Con Norelys Gonzáles, SUR: Con Luís Medina, ESTE: Con terrenos sin habitar y OESTE: Con calle 1. Dejando a salvo los derechos de terceras personas.

Este Tribunal considera que de la justificación aludida conforme a las testimoniales rendidas por los testigos suficientemente identificados en auto, se evidencia claramente las pretensiones y fundamentos del solicitante y procediendo de conformidad con el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, declara bastante y suficiente la justificación evacuada para asegurar el derecho de propiedad y posesión a favor del ciudadano: HECTOR MANUEL CHICA, sobre unas mejoras o bienhechurías ubicadas en: AV. PRINCIPAL LOS LIBERTADORES, SECTOR 2, CASA S/N, JURISDICCION DE LA PARROQUIA JUAN DE VILLEGAS, MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, y alinderadas en: NORTE: Casa del señor Antonio Quintero, SUR: Casa del señor Alfredo Escalona, ESTE: Av. Principal del Barrio Libertador y OESTE: Zona protectora. Dejando a salvo los derechos de terceras personas.

Este Tribunal con fundamento en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 33 del Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y en aras de mantener el orden en la presente causa, preservar y enaltecer el derecho a la defensa y proteger al debido proceso, derechos éstos contenidos en nuestra Carta Magna, REPONE la causa, al estado de fijar nuevo emplazamiento para que se lleve a cabo la contestación a la demanda, el cual se fija en este mismo acto.

Este Tribunal con fundamento en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 33 del Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y en aras de mantener el orden en la presente causa, preservar y enaltecer el derecho a la defensa y proteger al debido proceso, derechos éstos contenidos en nuestra Carta Magna, REPONE la causa, al estado de fijar nuevo emplazamiento para que se lleve a cabo la contestación a la demanda, el cual se fija en este mismo acto.