Se condenó a la parte intimada NELSON RAFAEL GARCIA SAAVEDRA, a pagar a la intimante abogada DALIA ISABEL RODRIGUEZ, la cantidad de UN MILLON CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 1.050.000,00) por concepto de honorarios profesionales a que tiene derecho por sus actuaciones cumplidas; quedando entendido que el referido monto forma parte del derecho a que tiene la otra co-apoderada a cobrar y siendo que en ningún caso superan el 30% del valor de lo litigado.

Se declaró con lugar la solicitud de rectificación, en el sentido de que se asiente correctamente el nombre del solicitante como "OSWALDO ISAIAS VELASQUEZ QUERALES", quedando sin efecto "OSBALDO YSAIAS" y se asiente la nota marginal en la que señale que el mismo quedó legitimado por matrimonio efectuado entre sus padres ciudadanos CANDIDO VELASQUEZ y RICARDA QUERALES, por ante la Prefectura del Municipio Torres del Estado Lara, la cual se encuentra asentada bajo el Nº 200 del año 1.980.

e declaró CON LUGAR la acción de INQUISICIÓN DE PATERNIDAD intentada por la ciudadana IRIS MILAGRO RODRIGUEZ VILLANUEVA, en contra de los ciudadanos GUILLERMO RODRIGUEZ (difunto) y AVELINA VILLANUEVA y se ordenó al Prefecto del Municipio Torres y al Registrador Principal del Estado Lara, insertar la Partida de Nacimiento correspondiente a la ciudadana IRIS MILAGRO RODRIGUEZ VILLANUEVA, en los Libros de Registro Civil de Nacimientos llevados por ante dichos organismos y publícar un extracto de la decisión en el diario "El Caroreño", de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código Civil.

Se retasaron los honorarios profesionales de la Abogada MARIA LAURA RIERA ANDUEZA, en la cantidad de UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 1.150.000,00) y se condenó al intimado NELSON RAFAEL GARCIA SAAVEDRA, a pagar a la intimante abogada MARIA LAURA RIERA ANDUEZA, venezolana, mayor de edad, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 92.001, la cantidad anteriormente especificada, por concepto de pago total y definitivo de los honorarios profesionales a que tiene derecho por sus actuaciones cumplidas; quedando entendido que el referido monto forma parte del derecho a que tiene la otra co-apoderada a cobrar y siendo que en ningún caso superan el 30% del valor de lo litigado.