Se admiten salvo su apreciación en la definitiva, las documentales promovidas por la abogada María Josefina Linárez, titular de la cédula de identidad Nro. 5.252.785, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 90.038, actuando en su condición de apoderada del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES). Asimismo, se declaró inadmisible por extemporáneo el escrito de promoción de pruebas presentado por el abogado Orlando Robertis, titular de la cédula de identidad Nro. 3.395.083, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 160.980, en su carácter de apoderado de la Asociación Cooperativa de Consumo Paraguaná, R.L.

Se declara parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la ciudadana Abogada MÓNICA CAMARGO, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V- 15.177.777 e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 92.271, actuando en este acto en su carácter de apoderada judicial según consta en poder autenticado por ante la Notaría Pública Quinta de Barquisimeto, inserto bajo el Nº 89, Tomo 25, de fecha 07 de febrero de 2007, de la sociedad mercantil HORIZONTES DE VÍAS Y SEÑALES, C.A., en contra de la Resolución Nº 292-2008, de fecha 15 de julio de 2008, notificada el 06 de agosto de 2008, suscrita por el Alcalde del Municipio Iribarren del estado Lara.

Por las razones que preceden esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley DECLARA INADMISIBLE, POR EXTEMPORÁNEO, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARYERI MONTESINO, en su condición de Fiscal Décimo Primero del Ministerio Público, contra la decisión dictada en fecha 19 de Diciembre de 2012, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 01 de éste Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante el cual sustituyó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad por una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 numerales 3, 4 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente el presentación periódica cada quince (15) días, prohibición de salida del país y la obligación de presentar mensualmente ante el Tribunal, constancias médicas que expresen las condiciones clínicas y las indicaciones médicas.....

Así las cosas se observa de lo solicitado, que el reenganche y pago de salarios caídos ordenado por la Inspectoría del Trabajo, no puede considerarse un perjuicio para el empleador, ya que existirá la transferencia de prestación de servicios del trabajador, en contraprestación al salario percibido por la labor realizada, no existiendo gastos extraordinarios del demandante, por lo que no puede hablarse de perjuicios económicos. Por otro lado, respecto al riesgo del puesto de trabajo de aproximadamente 700 personas, por temor a no obtener su solvencia laboral, necesaria para adquirir las divisas necesarias para el funcionamiento de la entidad de trabajo; se evidencia de las copias consignadas en autos, el cumplimiento del empleador en el reenganche ordenado, lo que conllevó al cierre y archivo del expediente por parte del Inspector del Trabajo (folio 53), por lo que al mantenerse el solicitante al margen del cumplimiento legal, no tendría inconvenientes para obtener la solvencia labor.....

Así las cosas se observa de lo solicitado, que el reenganche y pago de salarios caídos ordenado por la Inspectoría del Trabajo, no puede considerarse un perjuicio para el empleador, ya que existirá la prestación de servicios del trabajador, por la cual recibirá su salario por la labor realizada. No se trata de gastos extraordinarios del demandante, por lo que no puede hablarse de perjuicios económicos. Por otro lado, respecto al riesgo del puesto de trabajo de aproximadamente 700 personas, por temor a no obtener su solvencia laboral, necesaria para adquirir las divisas necesarias para el funcionamiento de la entidad de trabajo; es importante señalar, que de las copias consignadas se evidencia el cumplimiento del empleador en el reenganche ordenado, acordando la autoridad administrativa el cierre y archivo del expediente (folio 48), por lo que resulta impropio la negativa de la solvencia laboral, como lo señala el demandante. En consecuencia, al no demostrarse los extremos del Ar.....

Así las cosas se observa de lo solicitado, que el reenganche y pago de salarios caídos ordenado por la Inspectoría del Trabajo, no puede considerarse un perjuicio para el empleador, ya que existirá la prestación de servicios del trabajador, por la cual recibirá su salario por la labor realizada. No se trata de gastos extraordinarios del demandante, por lo que no puede hablarse de perjuicios económicos. Por otro lado, respecto al riesgo del puesto de trabajo de aproximadamente 700 personas, por temor a no obtener su solvencia laboral, necesaria para adquirir las divisas necesarias para el funcionamiento de la entidad de trabajo; es importante señalar, que de las copias consignadas se evidencia el acatamiento del empleador en el reenganche ordenado, así como el cierre y archivo del expediente acordado la autoridad administrativa (folio 51), no existiendo obstáculo alguno para que el solicitante pueda obtener su solvencia laboral, como consecuencia del acto administrativo aquí impugnad.....

En razón a los planteamientos de hechos y de derechos antes expuestos, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara con sede en Barquisimeto en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara LA LITISPENDENCIA en la presente causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia queda extinguida la causa y se ordena su archivo definitivo y su remisión al archivo judicial. Se ordena devolver los documentos originales consignados en la presente causa, previa su certificación que se haga en autos.

Ya como se expreso anteriormente, los ciudadanos CARLOS LUÍS PACHECO SUARES y FARELYS DEL CARMEN PEROZO SUAREZ, están solicitando la disolución del vínculo matrimonial, alegando la ruptura prolongada de la vida en común por más de cinco (5) años, y revisadas las actas procesales de la presente causa, esta Juzgadora observa que se han cumplido todos los extremos de ley exigidos por el Artículo 185-A del Código Civil y la norma del artículo 513 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y en vista de que ambos cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, sin que existiera reconciliación entre ellos durante ese tiempo, este Tribunal Primero de Primera Instancia del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la solicitud de divorcio, fundamentada en el Artículo 185-A del Código Civil y por consiguient.....

Este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección del estado Lara, de conformidad con el artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 177 parágrafo primero literal "L" y 8, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el artículo 173 del Código Civil y los artículos 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR, la demanda de PARTICIÓN DE COMUNIDAD CONYUGAL, incoada por la ciudadana: MAIQUELIN YULET LOPEZ, en contra del ciudadano: HEMBER ALI ROJAS COLMENAREZ.

DECLARAR INADMISIBLE, la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por los Ciudadanos Amalia Rosa del Moral Zerpa y Yolman Octavio García del Moral, ya que la presunta violación de derechos constitucionales alegada por los accionantes CESÒ, cuando en fecha 20 de febrero de 2013, la Jueza Novena de Primera Instancia en función de Control de este Circuito Judicial Penal, Abg. Leila-Ly De Jesús Ziccarelli De Figarelli, se pronunció con respecto a la solicitud de entrega de Vehiculo, siendo esta la OMISIÓN a la que se le atribuía la violación de los derechos constitucionales según lo manifestado por la accionante en su solicitud de amparo.