Este Juzgado Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADA en los términos expuesto en la motiva del fallo, la transacción celebrada entre las ciudadanas MARIA SANGRONIS Y MARIA ASUAJE, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nº 1.966.713 Y 1.067.913 respectivamente, asistidas en todo momento por la abogada FRANCIS SOTELDO inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 161.157; y la parte demandada LABORATORIO CLINICO ANALITICO BRICEÑO y LUIS ALFONSO BRICEÑO, quienes se encontraban representados en todo momento por su apoderado judicial el abogado DANNY PAUL ORTIZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 62.967. Así se decide.-

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio en Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad concedida por la Constitución y la Ley Decide: IMPROCEDENTE el amparo constitucional interpuesto por la ciudadana RAQUEL LISBETH RODRIGUEZ PRINCIPAL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.777.347, contra INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA SEDE JOSE PIO TAMYO. Así se decide.

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE: Inadmisible el recurso de nulidad de efectos particulares, interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Planilla de liquidación N° 0781100394, de fecha 07 de junio de 2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo sede "Pedro Pascual Abarca" de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara la cual impone una multa de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 249.273,44) a la empresa GT BTO STORE, C.A., ante la Conducta omisiva del actor como carga procesal. Así se decide.