Esta Sala para decidir observa: El primer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa no producirá la perención” (…)” DECISIÒN Visto lo expuesto por el alguacil de este Tribunal en fecha 12 de abril del 2.002, y por cuanto la ultima actuación de la demandante fue el día 04 de marzo del 2.002, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de procedimiento Civil, este Tribunal, administrando Justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara perimido el presente procedimiento, y se ordena el archivo del expediente. Registres y Publíquese.

DECISION: Con fundamento a lo anteriormente expuesto este Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: Sin lugar la demanda de divorcio, incoada por la ciudadana Aiddet del Carmen Hernández Vásquez, en contra del ciudadano Rafael José Herrera Meléndez, con fundamento en las causales segunda (2da) y tercera (3ra.) del artículo 185 del Código Civil que se refiere al abandono voluntario, y a excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común. En consecuencia, se mantiene el vinculo conyugal contraído ante la Prefectura Civil del Municipio Torres del Estado Lara, en fecha 02 de agosto de 1991. Se dejan sin efectos las medidas provisionales dictadas en el auto de admisión.

Este Juzgado observa: La norma del artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, establece lo siguiente: “El monto a pagar por concepto de obligación alimentaria, así como la forma y oportunidad de pago pueden ser convenidos entre el obligado y el solicitante. En estos convenios debe preverse lo concerniente al incremento automático del monto fijado y los mismos deben ser sometidos a la homologación del juez, quien cuidará siempre que los términos convenidos no sean contrarios a los intereses del niño o del adolescente. El convenimiento homologado por el juez tiene fuerza ejecutiva”. Al folio treinta y cinco (35) riela el convenio suscrito entre los ciudadanos Mirian Oleida Silva Parra y Lorenzo José Hernández, ya identificados, el cual no es contrario al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. En consecuencia, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judic.....