En este mismo sentido, Pérez Sarmiento (2002) sostiene que en el caso de que ninguna de las partes haya comparecido a la Audiencia Preliminar, a la fecha y hora prevista, significaría que la actuación del demandante es causa de la actuación del demandado, sin la una no puede siquiera pasar a considerarse la otra y, por tanto es impretermitible establecer una relación de prelación entre la inasistencia del actor y la del demandado, debiendo aplicarse la regla de la perención breve al primero, criterio éste compartido por quien decide. Siguiendo en este orden de ideas, el artículo 130 Eiusdem, contiene una carga de comparecencia, cuyo incumplimiento, por parte del demandante, trae como consecuencia el DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, el cual se traduce en la extinción del proceso, no pudiendo la parte actora volver a proponer la demanda antes que transcurra noventa (90) días continuos, contados a partir de la publicación de la sentencia oral que se dicte al efecto. Por lo prec.....

Se RATIFICAN las medidas de protección y seguridad contenidas en el numerales 1, 2, 5, 6 y 13 del artículo 87 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que consisten en: Remitir a la victima a la oficina municipal de Iribarren; ordenar a hacer todos los tramites con el equipo interdisciplinario para enviar a una casa de abrigo a la victima; la prohibición de acercarse a la víctima o sus familiares en su residencia, trabajo o estudio; la prohibición al presunto agresor de realizar actos de persecución, acoso u hostigamiento en contra de la víctima por si por interpuesta persona contra la víctima o sus familiares; así como una protección policial por 4 funcionarios de la Policía del estado Lara que la deben acompañar en todo momento y debiendo ser los mismos instruidos a que deberán aprehender a cualquier persona que quiera agredir de cualquier forma a la ciudadana víctima. Regístrese y Publíquese. Líbrense las comunicaciones correspondientes. D.....

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer y decidir el presente recurso contencioso administrativo funcionarial por cobro de diferencia de prestaciones sociales interpuesto por los ciudadanos MARIVANESSA CAROLINA AGÜERO MORA, VANESA ALEXANDRA FIASCO CEDEÑO, DAJADMA ELOY PÁEZ MONZÓN y GUILLERMO JOSÉ CASTELLANO LÓPEZ, titulares de las cédulas de identidad Nos. 12.433.586, 17.136.814, 1.905.522 y 18.058.093, respectivamente, asistidos por el abogado Rafael David Moreno Torrealba, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo Nº 108.606, contra la CORPORACIÓN DE DESARROLLO ENDÓGENO Y ECONOMÍA SOCIAL DEL ESTADO LARA. SEGUNDO: INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial, de conformidad con lo establecido en el artícul.....

Por las razones precedentes, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, actuando en Sede Contencioso Administrativa, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SU COMPETENCIA para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana NORKIS JOSEFINA AGUILAR, asistida por la abogada Iris Mujica Morales, ambas identificadas supra; contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MORÁN DEL ESTADO LARA. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. En consecuencia: 2.1. Se ordena el cumplimiento del acto administrativo contenido en la Resolución Nº A-189-11-2008, suscrita por el ciudadano Alcalde del Municipio Morán del Estado Lara, a través de la cual resuelve ascender a la ciudadana Norkys Josefina Aguilar, de fecha "12 de noviembre de 2008". 2.2. Se ordena "(...) a la Dirección de Recursos Hu.....

En consecuencia este Tribunal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 734 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 396, 397 y 398 del Código Civil, DECRETA LA INTERDICCION PROVISIONAL de la ciudadana MARIA PASTORA LEMUS GIMENEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 19.779.637 y de este domicilio, se le designa TUTORA INTERINA a la ciudadana MARLENE COROMOTO LEMUS GIMENEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.354.652, de este domicilio, quien observará como primera obligación que la ciudadana MARIA PASTORA, antes identificada, adquiera o recobre su capacidad, atendiendo las indicaciones médicas pertinentes. Prosígase formalmente al proceso de los trámites del juicio ordinario. Expídase por Secretaría copia certificada del decreto a los fines del artículo 414 del Código Civil.

Este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declaró la INTERDICCIÓN DEFINITIVA de la ciudadana MARIA JOSÉ PARICA ESCOBAR, Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la Cedula de Identidad Nº V.-23.553.793.-

Este Tribunal en atención a lo estipulado en el artículo 8, 27, 30, 359, 385 y 470 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, le imparte su HOMOLOGACIÓN al acuerdo de custodia y régimen de convivencia familiar, efectuado en fecha 11 de Junio de 2013, por los ciudadanos ERIKA YASMIN ALVARADO y PEDRO JOSE ARRIECHE PEÑA, ya identificados, en beneficio de los adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), logrado en audiencia en fase de sustanciación, por estar conforme a la Ley y no vulnerar derechos de los beneficiarios. Téngase el acuerdo como sentencia firme ejecutoriada y expídase copia certificada del mismo a los interesados.

DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Código Penal, DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL, por el cumplimiento total de la pena corporal por parte de RAMON TORRES GAVIDIA, , en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el articulo 458 del Código Penal. Con respecto a la pena accesoria prevista en el artículo 16 numeral 2 del Código Penal, se prescinde de su imposición, atendiendo el carácter vinculante establecido en sentencia Nº 2442 de fecha 21/12/2007 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Notifíquese al Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal. Líbrese boleta de libertad plena SOLO POR EL PR.....

DISPOSITIVA Por lo anteriormente ESTE TRIBUNAL PENAL DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL EN FUNCIONES QUINTO DE CONTROL del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley decide en los siguientes términos: PRIMERO: Evidentemente como inició la presente causa y a los fines de no vulnerar el derecho a la Defensa, la misma debe continuar por la vía del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme al artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Una vez analizada la solicitud de Orden de Aprehensión a Nivel Nacional, éste Tribunal al verificar cada una de las actas policiales, así como analizada la solicitud de la vindicta pública de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, a la cual se opone la Defensa, paso a hacer el siguiente análisis: Primero considero que estamos en presencia de un hecho punible el cual no se encuentra prescrito, como lo es el delito de SECUESTRO, previs.....

Como se puede apreciar, la determinación del número de personas afectadas, en el contexto del Artículo 644 de la Ley Orgánica del Trabajo, no justifica multiplicar la sanción por el número de laborantes perjudicados, sino aumentarla y disminuirla como circunstancia agravante, que en las normas punitivas, afecta la dosimetría, pero hasta el límite máximo de la norma de referencia (artículos 628, 629, 630 y 633 eiusdem). Igualmente debe agregarse, que la mención del número de personas perjudicadas en el Artículo 644 de la Ley sustantiva, tampoco justifica que el Reglamento ordene la referida multiplicación de la multa de acuerdo a los sujetos afectados, ya que esa no es la finalidad de la norma citada. Como ya se dijo, ella utiliza esa referencia para la aplicación del límite máximo de la multa, no para multiplicar ésta, como si lo ordenan expresamente otros cuerpos normativos, como la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en violaciones similares a las qu.....