No obstante la omisión señalada, debe ratificarse una vez más, que la solicitud original de la trabajadora de protección de la inamovilidad fue el despido y a ese alegato está atado el Inspector por el principio de congruencia; luego, en el acto de contestación el empleador alegó la reubicación, que no logró demostrar ¿como ya se estableció en esta sentencia- y los testigos evacuados manifestaron que a la trabajadora se le impidió entrar al centro de trabajo. Con fundamento en los elementos anteriores, la Inspectora del Trabajo decidió que el empleador no logró demostrar la reubicación y por ello declaró con lugar la solicitud de la trabajadora y la existencia del despido injustificado, no existiendo el vicio denunciado por el hoy recurrente.

En virtud de todo lo anterior, quien juzga decreta la existencia de una cuestión prejudicial, de la cual debe esperarse decisión para la continuación de la presente causa, ordenándose su suspensión hasta que conste en autos sentencia definitivamente firme del asunto signado con el Nº KP02-N-2011-34, que resuelva el recurso de nulidad del acto administrativo que acordó el reenganche y pago de los salarios caídos de los trabajadores actores en este juicio, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 355 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

En virtud de la aceptación del trabajador en el pago ofrecido por la demandada, y cumplido el acto administrativo dictado por la Inspectoría del Trabajo, sin que la parte actora manifieste interés en seguir con la consecución del presente juicio, este Tribunal procede a homologar la transacción celebrada entre las partes por cumplir los extremos de Ley, ya que una vez analizados los puntos se observó el cumplimiento de las prestaciones irrenunciables de todo trabajador. Así se decide.

Ahora bien, visto que la parte actora no subsanó correctamente el escrito libelar tal como lo ordenó este Juzgado; y vista que la información requerida forma parte de los requisitos establecidos en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para su respectiva admisión, resulta forzoso para este Tribunal declarar la inadmisibilidad de la demanda, a tenor de lo establecido en el Artículo 36 eiusdem. Así declara.

Como ya se dijo, la parte actora no subsanó el escrito libelar tal como lo ordenó este Juzgado; ahora bien, vista que la información requerida forma parte de los requisitos establecidos en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para su respectiva admisión, resulta forzoso para este Tribunal declarar la inadmisibilidad de la demanda, a tenor de lo establecido en el Artículo 36 eiusdem. Así declara.