Por todo lo expuesto, y verificado en autos la inasistencia del presunto agraviado o su apoderado judicial a la audiencia oral y pública de amparo constitucional, celebrada el 17 de mayo de 2011, éste tribunal, conforme al criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, debe este Tribunal forzosamente declarar terminado el procedimiento de amparo por abandono del trámite, en virtud de su incomparecencia a la audiencia constitucional. Así se declara.

Ante el alegato de la accionada, el Juzgador indica que en el Derecho del Trabajo clásico y actual, con la promulgación de la Constitución de 1999, rige el principio de la progresividad, lo que implica que las condiciones de trabajo deben ir en aumento y los actos y contratos, presuntamente viciados de nulidad, deben obtener una declaración definitiva y firme de los órganos jurisdiccionales, no siendo suficientes los dictámenes internos o de órganos administrativos de control; ni tampoco le resta eficacia que el Inspector se haya reservado la homologación. En el presente caso, no consta en autos que exista una declaratoria judicial de nulidad de la convención colectiva invocada; ni tampoco que los actores hayan recibido las cantidades demandas, razón por la cual se declara procedente lo solicitado por los actores, por lo que se ordena a la demandada pagar la pensión con base al porcentaje establecido en la cláusula 11 de la convención colectiva del año 2006, y las diferencias adeudadas.....

Este Tribunal, una vez verificado el acuerdo realizado, ha constatado que se encuentran cubiertos los requisitos legales; por lo que se homologa el desistimiento del procedimiento manifestado por la parte actora, conforme a lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en conexión con el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil y Así se decide.

En conclusión, en criterio de quien sentencia, no corresponde el conocimiento al Juzgado de Primera Instancia de Juicio, sino a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, por lo que conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, declina la competencia en los mencionados órganos jurisdiccionales a quien corresponderá pronunciarse sobre la procedencia de la pretensión propuesta en razón de la materia. Así se establece.

Del folio 56 al 93 se observan actuaciones realizadas por los propietarios del fundo, sus contratistas y autoridades de la zona para resolver el conflicto. En este tipo de situaciones, los empleadores suelen estimular a sus trabajadores a ejercer amparos para resguardar el "derecho al trabajo" para obtener respuesta pronta sobre la propiedad o posesión del inmueble, maniobra que se demuestra en este asunto con las pruebas consignadas, que reflejan la utilización de vías administrativas y judiciales ordinarias para resolver el conflicto.