En consecuencia, y visto que el lapso de ciento ochenta (180) finalizó el 29 de marzo de 2011 y la fecha de presentación de la demanda de nulidad fue un día después, es decir el 30 de marzo de 2011, resulta forzoso para este Tribunal declarar INADMISIBLE la demanda de nulidad del acto administrativo Nº 1346 de fecha 30 de octubre del 2009, emanado de la Inspectoría del Trabajo, por cuanto operó la caducidad en el mismo, conforme a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así establece.

De las actas procesales que conforman la presente causa se desprende que la actora demanda la cantidad de Bs. 63.678,89 por concepto de diferencia de prestaciones sociales, así mismo señala que recibió el pago por Bs. 43.425,92, dichos que revelan las documentales cursantes a los folios 11 y 12, correspondiente a recibos de pago por concepto de liquidación de contrato de trabajo. En consecuencia demostrado el pago recibido por la trabajadora y deducido del monto total del libelo, el empleador deberá pagar la diferencia de Bs. 20.102,11, razones por las que se declara sin lugar la aclaratoria solicitada.

En consecuencia, y visto que el lapso de ciento ochenta (180) finalizó el 29 de marzo de 2011 y la fecha de presentación de la demanda de nulidad fue un día después, es decir el 30 de marzo de 2011, resulta forzoso para este Tribunal declarar INADMISIBLE la demanda de nulidad del acto administrativo Nº 325 de fecha 26 de febrero del 2010, emanado de la Inspectoría del Trabajo, por cuanto operó la caducidad en el mismo, conforme a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así establece.

En consecuencia, y visto que el lapso de ciento ochenta (180) finalizó el 29 de marzo de 2011 y la fecha de presentación de la demanda de nulidad fue un día después, es decir el 30 de marzo de 2011, resulta forzoso para este Tribunal declarar INADMISIBLE la demanda de nulidad del acto administrativo Nº 679 de fecha 30 de abril del 2010, emanado de la Inspectoría del Trabajo, por cuanto operó la caducidad en el mismo, conforme a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así establece.

Si como ya se estableció, el Artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo excluye del régimen económico y jurisdiccional a quienes ejerzan actividades como empleados públicos, independientemente del mecanismo de ingreso a la administración pública o su condición temporal en la misma, debe este Juzgador declinar la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, a quien corresponderá pronunciarse sobre la procedencia de la pretensión propuesta en razón de la materia, conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.-