D I S P O S T I V A En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, se acuerda mantener la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano JOELFRY GREGORIO CORDERO LINAREZ, titular de las Cédula de Identidad N° 14.176.180, hasta tanto se celebre la Audiencia de Juicio Oral y Público, el cual está fijado para el día 10 de Agosto de 2004 a las 2:30 p. m. Así se decide. Notifíquese.-

D I S P O S I T I V A Con base a los fundamentos antes expuestos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, revisado al presente asunto, por ser proporcional en los términos del Artículo 244 eiusdem, a los fines de asegurar que el acusado dará cumplimiento a los actos del proceso, se tiene como procedente mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad, por estar llenos los extremos de ley que la autorizan, toda vez que no han variado las circunstancias que la motivaron, y en consecuencia se declara Sin Lugar la solicitud de sustitución de la medida Privativa de Libertad por una menos gravosa y se acuerda MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al ciudadano LUDWING REINALDO MARTÍNEZ FRANCO, Y ROBINSON DAVID SANCHEZ BALDALLO, Cédulas de Identidad N° 14.245.642 y 12.944.262 en ese mismo orden. Así se decide. Notifíquese.-

DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expresados, este Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en funciones de Juicio N º 6, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ABSUELVE al ciudadano GIACOMO FASCE BUTA C.I.7.413.962, nacido en Italia el 16-02-1929, de 75 años de edad, casado, nacionalizado en Venezuela, jubilado, 6to grado de Educación Primaria, hijo de Giovanni Fasce (F) y Dinna Buta (F), residenciado en Colinas de Santa Rosa, carrera 4 entre 1 y 2, Quinta Dina, de esta ciudad, por no haber quedado demostrado, luego del debate probatorio, el hecho imputado que se corresponde con el delito de desacato de amparo, previsto y sancionado en el artículo 31 de la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales, y en consecuencia, no estar demostrada su responsabilidad penal, prevaleciendo la presunción de inocencia en virtud del principio de In dubio Pro Reo. Sentencia Absoluto.....