Este Tribunal de Control No.9 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, a los fines de salvaguardar la integridad física de la víctima y su familia, ACUERDA MEDIDAS DE PROTECCIÓN POLICIAL necesarias para YRAIMA COROMOTO PIÑERO VELÁSQUEZ, así como también para su familia, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal.

Analizadas las presentes actuaciones, este Tribunal de Control N° 09 para decidir sobre la entrega del vehículo solicitado por el ciudadano JUAN BAUTISTA TORREALBA, observa que el precitado ciudadano solicita la entrega de partes de un vehículo descrito en autos, el cual fue objeto de robo y posteriormente recuperado por efectivos de la Guardia Nacional totalmente picado, cuya propiedad y posesión se acredita. Ahora bien de la revisión de la documentación presentada se evidencia que se trata de copias simples, por lo que es necesario que el solicitante, presente al tribunal originales o en su defecto, copias certificadas de los documentos, sobre los que acredita su pretendido derecho, todo ello a los fines de proveer sobre el petitum.

Este Tribunal Noveno de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida contra el Ciudadano JULIO CESAR LEON RODRÍGUEZ a tenor de lo previsto en los artículos 32 en relación con el ordinal 1º del artículo 48 y ordinal 3º del artículo 318 todos del Código Orgánico Procesal Penal.-

este Tribunal de Control No.9 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA LA DEVOLUCION del vehículo identificado en esta decisión al Ciudadano ROBERTO DAVID GONZALEZ PEREZ, plenamente identificado en autos y cuya entrega le fue acordada por un Tribunal de la República en el ejercicio pleno de su competencia, sin que conste en autos que tal decisión hubiese quedado sin efecto. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 253 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y primer aparte del artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal.