Este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARE INADMISIBLE la presente solicitud de CONSIGNACION DE CANON DE ARRENDAMIENTO Y DE OFERTA REAL DE PAGO Y DEPOSITO interpuesto por la ciudadana ONEIDA TIBISAY VOLCANES venezolana, titular de la cedula de identidad N°11.599.799, actuando en su carácter de presidenta de la empresa mercantil VARIEDADES JOY C.A inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Lara en fecha 4 de noviembre del 2008, bajo el N° 17 del tomo 87-A, debidamente asistida por el abogado José Alejandro Gil Luque , inscrito en el I.P.S.A bajo el N°43.104, a favor del ciudadano ERIK FILIPE AGRELA, titular de la cedula de identidad N°18.261.775, por ser contraria a derecho conforme a los artículos 1306 y 1307 del Código Civil, los artículos de 1,3,5,6 y 27 del nuevo Decreto Ley de Arrendamiento para el Uso Comercial y el 341 de Código de Procedimiento Civil.

Este Juzgado Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la presente demanda de COBRO DE BOLIVARES (VIA INTIMACION), presentado por el Abogado EDGAR AUGUSTO BECERRA RODRIGUEZ, antes identificado, en virtud del incumplimiento a lo exigido en despacho saneador de fecha 05 de febrero de 2015. Publíquese, Regístrese y Déjese copia certificada de conformidad a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de la ciudadana MASSIEL DEL CARMEN MEDINA HERRERA, antes identificada sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.