Por otra parte, carece de asidero jurídico la intención de la querellada de esperar las resultas de la acción penal llevada por el Ministerio Público, aplicando una especie de cuestión prejudicial, para determinar la supuesta inejecutabilidad de la decisión, lo cual no es su finalidad, ya que el Juez Penal determinará la responsabilidad penal por el desacato judicial ocurrido, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Además, la insistencia de la querellada en que se declare inejecutable la decisión resulta a todas luces improcedente, ya que tal defensa formó del debate en primera instancia y existe cosa juzgada sobre el fondo de lo debatido. Tampoco resulta procedente el requerimiento de la querellada de su notificación para la continuación de la ejecución, ya que no habían operado los supuestos procesales para que se perdiera la estadía a Derecho de las partes, como paralización o suspensión de la causa. .....

Revisado exhaustivamente el contenido de la presente inhibición, se observa que la situación planteada es idéntica a la decidida previamente, en el que se alegó existir enemistad manifiesta con el profesional del Derecho que representa a la parte actora, manifestando la existencia de una denuncia, que en aquella oportunidad (12 de marzo de 2012) no produjo en dicho Juez tal sentimiento como para desprenderse de la causa. Además, no se demostró en autos el comportamiento hostil del abogado, su costumbre de amedrentar a los jueces con denuncias infundadas que generen en el inhibido una condición especial que afecte su imparcialidad en el presente juicio. Por lo tanto, la situación bajo examen ya se decidió de manera definitiva; no existen hechos posteriores que hayan cambiado o modificado la invocación del inhibido y se declara sin lugar la inhibición planteada, por no demostrarse la causal alegada en los extremos previstos en el Artículo 42, Nº 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción.....