Este Tribunal, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO y en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial contraído por los ciudadanos ANIS SNEIH, y JIHAN ABOU FARRAG DE SNEIH, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-11.935.933 y V-12.935.322, respectivamente.

Se declara la INADMISION SOBREVENIDA, por ser imposible seguir adelante con la presente demanda sin la debida la subsanación.

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal de Control No. 11 Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela acuerda: Primero: Hacer la ENTREGA PLENA del vehículo antes identificado de conformidad con lo establecido en el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal, a la ciudadana LISBETH MARIBEL PERNALETE MONTES, Titular de la Cédula de Identidad Nº 5.936.002, venezolana, Soltera. Segundo: Oficiar al Estacionamiento "INVERSIONES CUPERTINA MELENDEZ" de esta ciudad que por decisión de esta misma fecha se acordó la Entrega Plena del vehículo. PLACA: AA662UT; MARCA: CHEVROLET, MODELO: MALIBU, AÑO: 1981, COLOR: VERDE, CLASE: AUTOMOVIL, TIPO: SEDAN, USO: PARTICULAR, SERIAL DE RROCERÍA: 1G1AW69K9BD471031, SERIAL DE MOTOR: V-6.3-8; a la mencionada ciudadana LISBETH MARIBEL PERNALETE MONTES, Titular de la Cédula de Identidad Nº 5.936.002. Notifíquese a las Partes. Regístrese. Cúmplase. LA JUEZA ONCE CONTROL ABG. MARILUZ CASTEJÓN PEROZO. .....

APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO, a favor de VICTORIA MERCEDES PERAZA NALVAE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.610.338

Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la solicitud de aclaratoria de la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 06 de marzo de 2.015.

DISPOSITIVA Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación de Autos interpuesto por el Abg. José Gerardo Palma Urdaneta, en su condición de Defensor del ciudadano JOSÉ VICENTE RIOS ZRAIBY, en contra de la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control Nº 06 de éste Circuito Judicial Penal, en fecha 31/01/2014, mediante el cual ACORDÓ CON LUGAR la Solicitud del Ministerio Público, en consecuencia la INCAUTACION PREVENTIVA

Por todo lo antes expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, en uso de las atribuciones legales, declara ADMISIBLE, de conformidad con el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Randy López Aranguren, en su condición de Defensor Privado del ciudadano Didier Enrique Contreras Camargo, en contra de la decisión dictada en fecha 18 de Julio de 2014, por la Juez Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución Nº 03 de éste Circuito Judicial Penal, mediante el cual declaró sin lugar la solicitud de ratificar oficio Nº 3930-2014 de fecha 20-03-2014 dirigido al director de la Superintendencia de bancos y no al banco de Venezuela, S.A., Gerencia General de Recuperaciones, Agencia Ubicada en la Av. Universidad, Esquina Sociedad, Oficina centrales del Bco, de Venezuela, Piso 3, de esta manera la Juez a quo acordó la prohibición de salida del país del referido ciudadano, en virtud de que aun .....

Por las consideraciones anteriores, este Juzgado Superior del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PERECIDO en recurso de apelación ejercido por el ciudadano GUSTAVO ALVAREZ GARCIA, plenamente identificado, contra la sentencia de fecha 19 de Febrero de 2015, dictado por el Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Crespo, de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En consecuencia, se confirma el fallo apelado.

DISPOSITIVA UNA VEZ ESCUCHADA LA EXPOSICIÓN DE LAS PARTES, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 11 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, EXTENSIÓN CARORA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY PASA A DECIDIR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: PRIMERO: Se Admite totalmente la Acusación presentada por el Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 313 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal concatenado con el articulo 353 ejusdem, por el delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42, de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. SEGUNDO: Admite las pruebas ofrecidas por la fiscalía del Ministerio Público conforme al ordinal 9° del Artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal concatenado con el articulo 353 ejusdem, por ser legales, licitas y necesarias y pert.....

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión de fecha 16 de enero de 2015, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: Se ANULA la decisión de primera instancia. TERCERO: CON LUGAR la demanda. CUARTO: No hay condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley Orgánica Procesal Trabajo. QUINTO: Se condena a la demandada a las costas del proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 la mencionada ley adjetiva laboral.