Por los razonamientos antes expresados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, acuerda, MANTENER LA MEDIDA DE DETENCIÓN EN SU PROPIO DOMICILIO al ciudadano JOSE GORDILLO, C.I. 17.013.167, nacido en fecha 12-04-1981, residenciado en Barrio El Trompillo Sector 1, Callejón La Chivera, Barquisimeto, Estado Lara. Así se decide. Notifíquese.

D I S P O S I T I V A Por las razones anteriores, este Tribunal de Primera Instancia en función de Ejecución, Administrando Judicial en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley y en uso de la facultad conferida por el numeral 1° del artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal DECLARA PROCEDENTE el beneficio de ESTABLECIMIENTO DE RÉGIMEN ABIERTO al penado OMAR RAMON GONZALEZ, titular de la cédula de Identidad N° 4.070.447, por cuanto están llenos los extremos exigidos por en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal y en el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario, el que deberá cumplir en el Centro de Tratamiento Comunitario “Dra. Nilda Hernández”, supervisado por la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario del Estado Lara. Regístrese la presente decisión y remítase, al Director de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario de esta ciudad y al Director del Centro de Tratamiento Comunitario “Dra. Nil.....

este Tribunal Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la demanda de cobro de bolívares vía intimación interpuesta por los abogados Lourdes Celeste Barrios y Djamil kahale en nombre y representación del ciudadano CARLOS LINAREZ, contra el ciudadano JORGE LUIS LINAREZ GIL, todos identificados al inicio de este fallo. Se condena al demandante al pago de las costas procesales de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Por cuanto la sentencia es publicada fuera del lapso de ley se ordena su notificación a las partes de conformidad con el Artículo 251 ibídem...

este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, en la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 267 y 268 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente a esta materia especial, por disponerlo así el artículo 451 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

Este Tribunal en función de Control No. 12, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY pasa a decidir de la manera siguiente: PRIMERO: Oídas las partes y finalizada la audiencia y visto el petitorio realizado por la defensa publica con respecto a la solicitud de un lapso prudencial, el mismo no es procedente y por lo tanto se niega, toda vez que de conformidad con el Art. 313 del Codigo Orgánico Procesal Penal en su ultimo aparte establece una excepción para la fijación de un lapso prudencial para los delitos de droga, igualmente se insta a la representación fiscal a que consigne el respectivo acto conclusivo, lo antes posible. SEGUNDO: Se extiende la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad a los imputados JESUS ENRIQUE FRANCO RODRIGUEZ Y LAMEDA VALLES ALEXIS JOSE en virtud de que la misma le fue impuesta 5 de Noviembre del año 2002, existiendo un decaimiento de la misma de conformidad con el Art. 244 del Codigo Orgánico Procesal.....

Por las razones que anteceden, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley se declara la cesación de la medida Imposición de Reglas de Conducta por el lapso de tres y medio (3,1/2) meses, en favor del otrora adolescente [...], antes identificado, de conformidad con lo establecido en el articulo 645 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; por la comisión del delito de por la comisión del delito de Robo Agravado en Grado de Facilitador, previsto y sancionado en Articulo 460 en concordancia con el artículo 84 ordinal 3° del Código Penal en perjuicio de Jacqueline María Gómez Valles, ocurrido el día 12 de septiembre de 2002. Regístrese y Notifíquese.

Por los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y como consecuencia de ello la extinción del proceso. SEGUNDO: Se ordena el archivo del expediente y la remisión del mismo al Depósito de Expediente del Archivo Judicial Regional. TERCERO: No hay condenatoria en costas en atención a lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación analógica según remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por todo lo expuesto en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, este Tribunal de Primera Instancia en función de Ejecución, de la Sección d Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, determina que la suspensión de la medida de privación de libertad, a favor del adolescente [...], es por el lapso de noventa (90) días, a partir del 10 de febrero de 2006, y Finaliza el 11 de mayo de 2006. Regístrese y notifíquese.

Se declaró Título Supletorio sobre la propiedad que ejerce el ciudadano José Manuel Da´ Silva Morgado, dejando a salvo los derechos de terceros.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de MARIA EDELMIRA LOVATON RODRIGUEZ, antes identificada, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.