En mérito de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión de fecha 09 de enero de 2015, dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión de primera instancia. TERCERO: No hay condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal Trabajo.

Así las cosas, es evidente en el presente juicio que ante la omisión de haberse librado y practicado la notificación de la persona natural, no podía celebrarse la audiencia preliminar, por lo que era necesaria la reposición de la causa, en los extremos previstos en el Artículo 206 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, observa quien Juzga una serie de imprecisiones en el expediente, que no pueden soslayarse: En primer lugar, se desprende de autos que la Juez de Sustanciación ordenó la reposición de la causa en la misma acta de audiencia levantada, sin emitir una sentencia posterior en el cual se motivara detalladamente las razones de hecho y de derecho de la decisión, siendo insuficiente el auto complementario que riela al folio 18, que no cumple los extremos legales de un fallo. Por otro lado, se observa del auto mencionado anteriormente, que la Juez repuso la causa y ordenó notificar a ambos demandados del presente juicio, sin considerar que el emplazamiento realizado a.....

Ahora bien, visto el caso fortuito ocurrido a dicho profesional del Derecho, el cual presentó problemas de salud que lo imposibilitaron a estar presente al momento de celebrarse la audiencia preliminar, como se desprende del instrumental inserto al folio 69, se cumplen con los extremos previstos en el Artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En consecuencia, se tienen razones justificadas que motivaron la incomparecencia de la parte actora a la prolongación de la audiencia preliminar, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación, revocándose la sentencia dictada por la primera instancia que declaró desistida la pretensión.

PRIMERO: CON LUGAR la presente acción Constitucional de amparo solo en lo que concierne a la Lesión del Debido Proceso y Derecho a la Defensa Constitucional ocasionado de Supervisora del Trabajo adscrita a la Unidad de Supervisión de la Inspectoría del Trabajo Sede Pedro Pascual Abarca del Estado Lara, en lo que respecta al acta que riela al folio ocho (8) del asunto donde se le otorgó a la entidad de trabajo tan solo 24 horas para darle cumplimiento al pago del recargo de las horas extras la cual se declara nula de nulidad absoluta, y en consecuencia ordenarle al Inspector del Trabajo de dicha entidad administrativa del Trabajo, que una vez notificado de la presente decisión, se le otorga un lapso de veinte (20) días hábiles para que adecue la referida actuación al articulo 49 de la constitución y las normativas del trabajo, ya que bajo el formato establecido, no especifica los aspectos determinantes a considerar sobre lo ordenado para dar cumplimiento por las entidades de trabajo,.....

DECISION. Por las razones arriba expuestas es por lo que este Juzgado del Municipio Torres de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara SIN LUGAR la Cuestión Previa contemplada en el numeral 8° del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil referida a la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto, opuesta por el Abogado FELIPE LOPEZ, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 79.924, actuando en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano JOSE RAMON RAMOS GONZALEZ. Se condena en Costas Procesales a la parte demandada por haber sido totalmente vencida en lo que respecta a la presente incidencia. Expídase por Secretaria copia certificada de la presente sentencia y archívese. Regístrese y publíquese Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Torres de l.....

Este Juzgado Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE, la demanda por DESALOJO, interpuesta por la ciudadana, LOURDES DEL PILAR SARMIENTO PEÑA, venezolana mayor de edad titular de la cedula de identidad N° V- 2.537.450, asistida en este acto por las abogadas Souad Rosa Sakr Saer y Teresa Kharachi de Iribarren, inscritas en el Inpreabogado N° 35.137 y 90.343 respectivamente, contra el ciudadano, JUAN DE LA CRUZ LOPEZ BENITEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.778.828, de conformidad con el articulo 341 por ser contraria a derecho Así se decide.

DECISIÓN Por las razones antes expresadas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 1 de octubre de 2010, por la abogada PATRICIA VARGAS SEQUERA, en su carácter de apoderada judicial de la demandada, contra la sentencia dictada en fecha 29 de septiembre de 2010, por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA. En consecuencia se declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE BOLÍVARES E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por el ciudadano FRANKLIN RENÉ GUTIÉRREZ ANDRADEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.476.287, contra la FIRMA MERCANTIL C.A. SEGUROS LA OCCIDENTAL, inscrita originalmente ante el Registro de Comercio que.....

Por las razones expuestas, este Tribunal Superior en lo civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, actuando en sede constitucional, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer la presente acción de amparo constitucional interpuesta los ciudadanos RONALD JOSÉ ARROYO DUGARTE, JESÚS DAVID BLANCO AMARO, CARLOS EDUARDO D´GIOVANNY LÓPEZ y JESÚS ALBERTO MENDOZA OROPEZA, titulares de las cédulas de identidad Nos. 20.348.915, 20.922.382, 19.779.038 y 20.926.969, respectivamente, asistidos por la abogada Yelitza Zenaida Soto Castellanos, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 92.359, contra la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL ANDRÉS ELOY BLANCO (UTAEB-LARA). SEGUNDO: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional, de conformidad con el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. .....

este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: CON LUGAR la solicitud de Divorcio, de conformidad con el artículo 185-A del Código Civil y consecuencialmente declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos: DAISY EDEN RIVERO GONZALEZ DE DEPOOL y ORLANDO RAMON DEPOOL RIVERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-7.367.009 y V-5.284.815 respectivamente. En consecuencia, ofíciese al Registro Civil de la Parroquia Cabudare del Municipio Palavecino del Estado Lara y al Registro Principal del Estado Lara, para que agregue la nota marginal correspondiente a la decisión, una vez quede firme la misma, en el acta Nº 79, del libro de matrimonios correspondiente al año 1997. En cuanto a las manifestaciones relacionadas con los bienes p.....

este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: 1. CON LUGAR la solicitud de Divorcio, de conformidad con el artículo 185-A del Código Civil y consecuencialmente declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos: HILDA MARIA PEÑA FREITEZ y GERMAN DE JESUS ANZA PEREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-9.627.781 y V-9.623.379 respectivamente. 2. En consecuencia, ofíciese a la Jefatura Civil de la Parroquia Unión del Municipio Iribarren del Estado Lara, y al Registro Principal del Estado Lara, para que agregue la nota marginal correspondiente a la decisión, una vez quede firme la misma, en el acta Nº 596, del libro de matrimonios correspondiente al año 1992.