Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Lara, visto que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el presente proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador demandante, ni normas de orden público, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada.

Siguiendo en este orden de ideas, el artículo 130 Eiusdem, contiene una carga de comparecencia, cuyo incumplimiento, por parte del demandante, trae como consecuencia el desistimiento del procedimiento, el cual se traduce en la extinción del proceso, no pudiendo la parte actora volver a proponer la demanda antes que transcurra noventa (90) días continuos, contados a partir de la publicación de la sentencia oral que se dicte al efecto. (Negrillas del Tribunal) Por lo precedentemente expuesto, este Tribunal declara desistido el presente procedimiento y terminado el proceso, a tenor de lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se establece.

De las pruebas de autos se aprecia que el trabajador tenía a su cargo una parte de la organización laboral, una unidad que comprendía una serie de elementos personales (varios trabajadores) y materiales (camiones y equipos) que debía coordinar para su correcto funcionamiento, que hacía ejecutar las órdenes superiores, lo cual forma parte de las funciones de administración, que aunque no implican facultades de disposición, son inherentes a la marcha o a la gestión de la unidad productiva, tal y como lo prevé el Artículo 45 citado.

Todo lo anterior conduce al Juzgador a inferir que el trabajador estuvo constreñido a comparecer ante la Notaría Pública a celebrar tales actos jurídicos: Primero, a revocar el poder a sus apoderados; y luego a aceptar el acuerdo propuesto por las codemandadas y su apoderada judicial, quien redactó toda la documentación, bajo el apremio del tiempo (habilitación), lo que implica un vicio al manifestar su consentimiento y, además se evidencian una serie de actuaciones en las que se evidencia la voluntad de la representación del empleador de desvirtuar los efectos de la legislación laboral. Por todas las razones expuestas, se declara sin valor jurídico alguno el convenio de marras en lo que respecta a la manifestación de voluntad del trabajador. Así se declara.-

Así las cosas, se observa que si bien la parte demandada al insistir en el despido reconoce que éste fue realizado de manera injustificada, ello no conllevó a un vencimiento por parte del actor en cuanto a su pretensión, pues la sentencia recurrida declaró terminado el procedimiento por haber retirado la cantidad consignada por la demandada como materialización de su persistimiento, por otra parte, tampoco se configuró en este procedimiento una aceptación o allanamiento a la diferencia reclamada por el actor, por lo cual no evidencia este Juzgado que se configuren los supuestos de procedencia para la condenatoria en Costas, motivos por los cuales se hace procedente la apelación formulada, no habiendo lugar a Costas. Y así se decide.

este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO;

DECISION: Por las razones antes expuestas, este Tribunal, Administrando Justicia en NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, la demanda por: DESALOJO, intentada por el ciudadano: RAFAEL MARTINI, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 1.255.039, y de este domicilio, representado por su apoderados judiciales: VEDA CEDEÑO PICON, PASTORA PEREZ PARRA y MARITZA MIRANDA UMANES, abogadas en ejercicios, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 62.811, 114.360, y 114.361, respectivamente, en contra del ciudadano: LUIS ARMANDO MERCADO MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 9.537.799, Veterinario, casado, de este domicilio.- En consecuencia, este Tribunal declara Resuelto el Contrato de Arrendamiento suscrito entre la INMOBILIARIA PIÑA , C.A., representada por el ciudadano: RAFAEL SIMON PEÑA RIVERO, titular de la Cédula de Identidad N° 423.273, con el accionad.....

DECISION En merito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano JAIME MOSQUERA, asistido de abogado, contra la sentencia dictada en fecha 29 de junio del 2007 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Lara, mediante la cual declaró CON LUGAR la pretensión de Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento intentada por la actora, quedando obligada la parte demandada a hacerle entrega en forma inmediata a la demandante el inmueble consistente en una casa-quinta, ubicado en la Urbanización del Este, parcela No. 4, Manzana R, calle Los Tamarindos, No. 3-A-21 de esta ciudad. Se ratifica la condenatoria en costas a la parte demandante perdidosa en el proceso conforme al artículo 274 del C.P.C. y se l.....

COMISIÓN CUMPLIDA

éste Tribunal habida consideración que ciertamente las partes en litigio mediante un contrato bilateral o transacción celebrada en el Tribunal Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Iribarren Crespo y Urdaneta del Estado Lara, en fecha 08-08-2007, asumen ponerle fin al juicio y por ende de modo extraordinario a la relación sustantiva obligacional a que se contrae la presente causa, y siendo que disponen las partes intervinientes de la suficiente capacidad procesal para disponer del derecho en litigio, sin que en el fondo por otra parte la formula en referencia afecte el orden público ni verse en definitiva sobre materias para cuyo tratamiento por vía de contratación estén prohibidas las transacciones, le imparte su correspondiente homologación.