Por todos los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar ejercida de manera conjunta con el recurso contencioso-administrativo de anulación (querella), interpuesto por el ciudadano OSCAR GUILLEN PEÑA, asistido por el abogado RICARDO HENRÍQUEZ LARRAZABAL, contra la Resolución No.0013112, de fecha 27 de septiembre de 2005, dictada por el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Por todos los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar interpuesta por la abogada ZULLY BETANCOURT, obrando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos ANGEL POMPAS y FERMIN PANTOJA, contra la Providencia Administrativa No.2006-0027, dictada en fecha 2 de mayo de 2006, por la Dirección de Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Privado.

Por todos los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar solicitada de manera conjunta con el recurso contencioso-administrativo de anulación (querella), interpuesto por el ciudadano RONALD CLARET RODRIGUEZ, asistido de la abogada PERLA SAVIÑON PIRELA contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA.

D I S P O S I T I V A En base a las razones antes expuestas, este Juez Séptimo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, OTORGA el Beneficio de LIBERTAD CONDICIONAL al ciudadano APONTE BAÑOL RODOLFO, titular de la cédula de Identidad N° V-13.253.367, de conformidad con lo establecido en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal, por el remanente de pena que le falta por cumplir, es decir, por el lapso de: DOS (02) AÑOS, SEIS (06) MESES Y VEINTE (20) DÍAS.- En tal sentido, líbrese oficio dirigido al Centro de Tratamiento Comunitario Dr. F. S. Angulo Ariza, al Director de Sanciones Penales del Ministerio de Interior y Justicia, e igualmente al Coordinador Regional de Tratamiento no Institucional Región Capital, anexándoles copias de la presente Decisión, y notifíquese al Fiscal 14º del Ministerio Público de la Circunscripción Judici.....

No hubo despacho

Este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Max Enrique Valdivieso Aranda y Argimiro Sira Medina, actuando como apoderados judiciales de la ciudadana CLARITZA ANTONIA CABELLO BRITO, contra el Profesor Aristóbulo Iztúris, en su condición de MINISTRO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES, en consecuencia declina su conocimiento en el Juzgado de Primera Instancia Laboral al cual corresponda previa Distribución. Se ORDENA remitir inmediatamente el expediente de conformidad con el articulo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Jurisdicción Laboral.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en Sede Constitucional, administrado justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la pretensión de AMPARO CONSTITUCIONAL, deducida por el ciudadano Ursolino Manuel González, en contra de la Junta de Condominio del Edificio Ávila, de conformidad con lo pautado en el artículo 5 de la ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. No hay condenatoria en costas, por considerar este Tribunal que la solicitud de protección constitucional no fue interpuesta de forma temeraria, conforme a lo pautado en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Ordena que la presente investigación prosiga por las disposiciones del procedimiento ordinario, de conformidad con el último aparate del artículo 373 del Código Organico Procesal Penal. SEGUNDO: Decreta la privación Judicial preventiva de libertad contra los imputados ENRIQUE CASTRO FERNANDEZ, titular de la cédula de identidad N° 22.436.148, y MIGUEL JAVIER ORTIZ OROZCO, titular de la cédula de identidad No 18.002.422, por la presunta comisión de delito de Robo de Vehículo Automotor Agravado, previsto y sancionado en el artículo 5 de la Ley Contra el Robo y Hurto de Vehículos Automotores, en relación con el artículo 6 nuemarl 1° ejusdem, por cuanto estima que se encuentra llenos los extremos de los artículos 250, 251 y 252 del Código Organico Procesal Penal.