Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el Amparo Constitucional interpuesto por los ciudadanos ORLANDO JOSÉ GUTIÉRREZ BARRIOS, JOSÉ MELQUISEDEC GONZÁLEZ, JORGE EDUARDO NAVAS SALAS, ARNOLDO DE JESÚS HEREDIA QUINTERO, CARMEN YSIDORA ORTIZ, DICKSON JESÚS ORTEGA ARMAS, GABRIEL ANTONIO MONJE SEGURA, ROGER JOSÉ DURAN PERNALETTE, DEMENCIA PIÑA PEÑA, HEYRA TERESA BAPTISTA, DAISY LUYNE YAJURE PÉREZ, JOSÉ RAFAEL RAMÍREZ BETANCOURT, BELEN DEMETRIO LÓPEZ, MARY ROSELIANA LUCENA, MARÍA RAMONA ARAUJO PÉREZ, LILIAN YAMILET EVIES ROJAS, GUSTAVO ENRIQUE LEAL MASCAREÑO, LEONARDO ALVARADO LINAREZ, ALEX RAMÓN ECHEGARAY ROMERO, ROBINSON JOSÉ NAVA MORENO, YRIS GREGORIANA CÓRDOBA BORJAS, NEYDA PEDROZA DÍAZ, CARLOS VIZCAYA BRIZUELA, MILEDY JOSEFINA DURAN .....

D I S P O S I T I V A Por las razones anteriores, este Tribunal Segundo de Ejecución administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONCEDE de conformidad con los artículos 3º y 5º letra "b" de la Ley de Redención de la Pena por el Trabajo y el Estudio, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal, EL BENEFICIO DE REDENCIÓN DE LA PENA POR EL TRABAJO Y EL ESTUDIO solicitado por el penado JORGE LUIS VALERA YÉPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.573.113, por el lapso de ocho (08) meses, veintitrés (23) días y doce (12) horas de la pena impuesta. Actualícese el cómputo de la pena. Remítase copia de la presente decisión al Director del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental y al Director del Centro de Tratamiento Comunitario “Dra. Nilda Lucrecia Hernández”. Notifíquese a las partes. Regístrese. Cúmplase.-//

D I S P O S I T I V A Por las razones anteriores, este Tribunal Segundo de Ejecución administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONCEDE de conformidad con los artículos 3º y 5º letra "b" de la Ley de Redención de la Pena por el Trabajo y el Estudio, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal, EL BENEFICIO DE REDENCIÓN DE LA PENA POR EL TRABAJO Y EL ESTUDIO solicitado por el penado HÉCTOR MANUEL MALDONADO SALINAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 16.819.687, por el lapso de cuatro (04) meses, veintitrés (23) días y doce (12) horas de la pena impuesta. Actualícese el cómputo de la pena. Remítase copia de la presente decisión al Director del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental y al Director del Centro de Tratamiento Comunitario “Dra. Nilda Lucrecia Hernández”. Notifíquese a las partes. Regístrese. Cúmplase

DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta a tenor de lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal, la Extinción de la Responsabilidad Criminal por el cumplimiento total de la condena al penado EDIZON JOSÉ TORRES, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 16.277.557, por el delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, prescindiéndose de la imposición de las accesorias de ley establecidas en el artículo 16 ejusdem, por cuanto las mismas violentan los derechos de igualdad, interpretación progresiva de los derechos humanos y respeto a la dignidad humana, consagrados en los artículos 21, 22 y 45 todos .....

DISPOSITIVA Por lo anterior expuesto, Este Tribunal Quinto de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, con fundamento en el artículo 49, 55 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de la defensa de DECAIMIENTO DE LA MEDIDA de privación judicial preventiva de libertad impuesta al acusado MIGUEL ANGEL CASTILLO ESCALONA, quien es imputado por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto en el artículo 5 y 6 numerales 1 y 2 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor. Regístrese, Notifíquese, Cúmplase.

Por las razones que preceden esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley DECLARA INADMISIBLE, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abg. Pedro José Troconis Da Silva, actuando en este acto como defensor privado de la ciudadana Mariela Coromoto Jiménez García, contra de la decisión dictada en fecha 07 de Septiembre del 2005, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante la cual acordó Privación Judicial Preventiva de Libertad y Orden de Aprehensión a la mencionada ciudadana, todo conforme con el articulo 437 literal "a" del Código Orgánico Procesal Penal.

Visto el anterior DESISTIMIENTO, presentado por la parte actora ciudadano PASTOR JOSE SEGOVIA GONZALEZ, asistido por el abogado en ejercicio WILFREDO SILVA DIAZ, contra la ciudadana BARBARA CASTEJON CHIRINOS, en el presente juicio de DIVORCIO ORDINARIO el Tribunal le imparte su HOMOLOGACIÓN de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia téngase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Devuélvase los documentos originales dejándose copia certificada en su lugar. Líbrese boleta de notificación al demandado. Se da por terminado el presente juicio. Archívese el expediente.

IV Decisión En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara sin lugar la solicitud de suspensión de efectos, solicitada por MANUEL PARRA ESCALONA, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 9857, apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA FERRARA, C. A. Se acuerda notificar a la parte recurrente de conformidad con lo dispuesto en el 251 del Código de Procedimiento Civil. Para la práctica de la notificación se comisiona al Juzgado de Municipio Páez del Segundo circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho d.....

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la medida cautelar de suspensión de los efectos solicitada por la empresa mercantil FABRICA DE HELADOS CREMALTA C.A, antes identificada, en contra de la Providencia Administrativo Nº 0007, de fecha 05/01/2007 dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA "José PIO TAMAYO"

III Decisión En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR la medida cautelar de embargo sobre los bienes muebles que se encuentre en posesión y que sean propiedad de la ciudadana OLGA MARIA ESTEVES DE LA ROSA, titular de la cédula de identidad N 8.054.864, por la cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA BOLÍVARES (Bs. 6.890,00), que es el doble de la cantidad demandada, más el 30% de costas, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por lo que si la medida recae en dinero efectivo el embargo solamente alcanzará la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA (Bs. 4.240,00), que es el monto de la obligación demandada más el 30% por concepto de costas. Para la practica de lo ordenado se comisiona suficien.....