Previa revisión de las actas que conforman el presente expediente, se constató que la Profesional del derecho MARY LOPEZ ABREU, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 132.487, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante ciudadano DONATO MARIA REA CUTRONE, por una parte; y por la otra parte los ciudadanos LUIS FRANCISCO MILLAN y FRANCIA MARGARITA TENIAS DE MILLAN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-1.189.741 y V-1.156.212 respectivamente, de este domicilio, debidamente asistidos en este acto por el Profesional del derecho ROGER ELIAS HURTADO RAMOS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 11.933; tienen facultad para transigir en la demanda. En consecuencia, por cuanto la transacción no versa sobre materia en la cual están prohibidas las transacciones este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en n.....

En merito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y Transito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: Que el procedimiento a seguir en cuanto a la contradicción realizada por la demandada LUCILA DEL VALLE FERMÍN GORDONES, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 6.951.303, debidamente asistida por el profesional del derecho JOSE LEON BRAVO HAMILTON, se sustanciará y se decidirá por el procedimiento ordinario de conformidad con el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones antes expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, BANCARIO Y DEL TRANSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: IMPROCEDENTE LA CUESTIÓN PREVIA contenida en el Ordinal 10° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil relativa a la caducidad de la acción establecida en la Ley opuesta por la parte demandada.

En merito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y Transito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: Primero: Que el procedimiento a seguir en cuanto a la contradicción realizada por la demandada respecto inclusión de las prestaciones sociales generadas por el actor en virtud de su relación laboral con la empresa CORPOELEC que supuestamente pertenecen a la comunidad habida entre ellos y la oposición respecto a la partición de los bienes muebles señalados por el actor en su libelo se sustanciará y se decidirá en cuaderno separado por el procedimiento ordinario de conformidad con el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, por lo que una vez que esta decisión haya adquirido firmeza se ordenará abrir el cuaderno separado . Segundo: Que el procedimiento a seg.....

De la lectura del artículo antes transcrito, esta juzgadora quiere acotar, que si una empresa privada fuera demandada y estuviera ejecutando actividades de interés público le resultaría aplicable las previsiones del referido artículo, no las disposiciones contenidos en los artículos 95 y 96 supra referidos, que comporta que antes que se ejecute una medida procesal decretada en contra de la aludida empresa privada que estuviera ejecutando actividades de interés público se deba notificar al Procurador General de la República. Así se establece.-

A juicio de esta sentenciadora la accionante fundamenta el periculum in mora en simple elucubraciones - existiendo el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo por la conducta previa de IMPSA CARIBE C.A mantenida durante los nueve (9) meses previos a esta demanda cuando no ha dado información a nuestra representada sobre la oportunidad de pago de la deuda asumida - sin acompañar algún medio probatorio que haga presumir gravemente la existencia de un peligro inminente de inejecución de un eventual fallo favorable al accionante, vgr. que evidencie que la parte accionada está realizando actos de disposición o dilapidación de sus bienes con el ánimo de defraudar los derechos e intereses de la actora. En consecuencia, se insta a la actora amplíe de conformidad con el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil las pruebas sobre el punto de la insuficiencia. Así se decide.-