DECLARO: CON LUGAR la inhibición propuesta por el CAPITÁN MICKEL AMEZQUITA PION, Juez del Tribunal Militar Tercero de Control con sede en Caracas, Distrito Capital en la causa seguida al SARGENTO SEGUNDO EDICSON MARQUEZ PALENCIA, titular de la cédula de identidad N° V.- 22.865.961, por la presunta comisión del delito militar de DESERCIÓN, previsto y sancionado en los artículos 523, 527 y 528 del Código Orgánico de Justicia Militar conforme a lo establecido en el numeral 7 del artículo 89 y 90 ambos del Código Orgánico Procesal Penal vigente, en concordada relación con el artículo 112 ordinal 5° y siguientes del Código Orgánico de Justicia Militar, asimismo, se ordena remitir la causa principal al Tribunal Militar de Control correspondiente

DECLARA: INADMISIBLE de conformidad con el artículo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo constitucional interpuesta por la Abogada ANA ISABEL ALAYETO, en su condición de co-heredera universal de la ciudadana ISABEL BIGOTT, contra los presuntos actos de omisión judicial atribuidos al Tribunal Militar Tercero de Control con sede en Caracas, Distrito Capital, con fundamento en los artículos 26, 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 6 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, por presuntas violaciones a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el derecho a la propiedad.

DECLARA: INADMISIBLE de conformidad con el artículo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo constitucional interpuesta por la Abogada ANA ISABEL ALAYETO, en su condición de co-heredera universal de la ciudadana ISABEL BIGOTT, contra los presuntos actos de omisión judicial atribuidos al Tribunal Militar Tercero de Control con sede en Caracas, Distrito Capital, con fundamento en los artículos 26, 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 6 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, por presuntas violaciones a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el derecho a la propiedad.