Ergo, en el caso bajo estudio el solicitante de la medida no acompaña documentos ni esgrime defensas suficientes para quien juzga, que evidencien la existencia del riesgo manifiesto de insolvencia por parte de la co-demandados, y con ello la necesidad de emitir el decreto de la medida, motivo por el cual considera este Tribunal que no se encuentra llenos los requisitos establecidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Siguiendo en este orden de ideas, el artículo 130 Eiusdem, contiene una carga de comparecencia, cuyo incumplimiento, por parte del demandante, trae como consecuencia el desistimiento del procedimiento, el cual se traduce en la extinción del proceso, no pudiendo la parte actora volver a proponer la demanda antes que transcurra noventa (90) días continuos, contados a partir de la publicación de la sentencia oral que se dicte al efecto. (Negrillas del Tribunal).-

En este mismo sentido, Pérez Sarmiento (2002) sostiene que en el caso de que ninguna de las partes haya comparecido a la Audiencia Preliminar, a la fecha y hora prevista, significaría que la actuación del demandante es causa de la actuación del demandado, sin la una no puede siquiera pasar a considerarse la otra y, por tanto es impretermitible establecer una relación de prelación entre la inasistencia del actor y la del demandado, debiendo aplicarse la regla de la perención breve al primero, criterio éste compartido por quien decide.

Ergo, en el caso bajo estudio el solicitante de la medida no acompaña documentos ni esgrime defensas suficientes para quien juzga, que evidencien la existencia del riesgo manifiesto de insolvencia por parte de la co-demandados, y con ello la necesidad de emitir el decreto de la medida, motivo por el cual considera este Tribunal que no se encuentra llenos los requisitos establecidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por todo lo antes expuesto, este juzgado declara IMPROCEDENTE, la medida de embargo preventivo solicitada, y así se decide.

Ergo, en el caso bajo estudio el solicitante de la medida no acompaña documentos ni esgrime defensas suficientes para quien juzga, que evidencien la existencia del riesgo manifiesto de insolvencia por parte de la co-demandados, y con ello la necesidad de emitir el decreto de la medida, motivo por el cual considera este Tribunal que no se encuentra llenos los requisitos establecidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.