Ahora bien, la parte demandada admite el hecho de no haber pagado una diferencia por beneficio de alimentación, el cual queda relevado de prueba de conformidad con el Artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que en conversaciones con la contraparte, se fija lo adeudado en el monto de Bs. 8.000,00 el cual pagará en dos cuotas como quedó establecido en la audiencia de juicio. En virtud de la aceptación del actor, en el pago ofrecido por la demandada y aclarados los puntos controvertidos, este Tribunal procede a homologar la transacción celebrada entre las partes por cumplir los extremos de Ley, ya que una vez analizados los puntos se evidenció el cumplimiento de las prestaciones irrenunciables de todo trabajador. Así se decide.-

Verificada la representación de la mencionada abogada y su facultad expresa para desistir, y visto que no se han violado derechos de orden público y buenas costumbres; se ha constatado que se encuentran cubiertos los requisitos legales; por lo que se homologa el desistimiento manifestado por la parte actora, conforme a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales en conexión con el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

El criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 955 de fecha 23 de septiembre de 2010 establece que el conocimiento de los recursos de nulidad contra las providencias administrativas emanadas de los inspectores del trabajo en materia de inamovilidad, lo conocerán los Tribunales del Trabajo en Primera Instancia, no incluyendo en el conocimiento de éstos a las providencias dictadas por el mismo órgano administrativo del trabajo en otros procedimientos que no son los de inamovilidad, como en este caso que se trata de una impugnación del acto administrativo dictado por la Inspectoría del Trabajo, en virtud q un procedimiento sancionatorio.

En consecuencia, vista la falta de interés del querellante y por no existir en autos pruebas que evidencien el agotamiento de la vía administrativa, requisito indispensable para acudir a la ejecución de la providencia administrativa por vía jurisdiccional, resulta forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta. Así se decide.