A partir de ese momento y durante todo el procedimiento sancionatorio, el trabajador no mostró interés en la ejecución efectiva de la providencia, si bien consta en autos diligencia de fecha 14 de abril de 2011 (folio 58) en donde insiste en la ejecución, no se evidencia que se hubiese efectuado el traslado para verificar el reenganche. En consecuencia, es evidente la falta de interés actual del querellante en la fase final de las vías ordinarias; resultando forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE el amparo constitucional interpuesto, decisión de carácter formal que no produce cosa juzgada material. Así se decide.

En conclusión, en criterio de quien sentencia plasmado en decisiones anteriores (KP02-N-2010-564, KP02-N-2010-627 y KP02-N-2011-293), no corresponde el conocimiento al Juzgado de Primera Instancia de Juicio, sino a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, por lo que conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, declina la competencia en los mencionados órganos jurisdiccionales a quien corresponderá pronunciarse sobre la procedencia de la pretensión propuesta en razón de la materia. Así se establece.-

Es importante señalar, que de manera injustificada y en violación de lo dispuesto en los artículos 10 y 511 de la Ley Orgánica del Trabajo, se modificó en la convención colectiva vigente el factor cálculo o salario base para el pago de los conceptos derivados de la relación de trabajo que había consagrado la contratación colectiva anterior, violentando el principio de progresividad, establecido en el Artículo 89 de la Constitución. Efectivamente, la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo y las cláusulas debe estar motivado y apreciarse que la nueva regulación favorece a los trabajadores; pero en el presente caso, se trata de idénticos beneficios, pero se redujo la base de cálculo o el salario de referencia.