En criterio del Juzgador, no está suficientemente justificada en autos la celebración del contrato laboral para el demandante, pues no se mencionan las actividades especiales que éste deba realizar -de naturaleza distinta a las del organismo- o de alta calificación, como exige el Artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, ello con la finalidad de resguardar el principio de igualdad entre los funcionarios y el equilibrio presupuestario, ambos de rango constitucional y legal. Por el contrario, de lo expuesto en el libelo y la contestación se evidencia que el demandante realizaba actividades que ordinariamente le corresponde desarrollar al instituto demandado y que no requieren estudios o capacitación especial, más allá del título profesional que ostenta. Además no cursa en autos el mencionado contrato.

Ahora bien, visto que la Ley no dispuso que los asuntos iniciados bajo el régimen contencioso administrativo anterior se remitieran a los Juzgados del Trabajo por la modificación de competencia, y aplicando la norma establecida en el Código de Procedimiento Civil (ya citada), no corresponde el conocimiento a este Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, sino al Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de ésta Circunscripción Judicial. Por lo tanto, ante los razonamientos antes expuestos, conforme a lo previsto en el Artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, éste Juzgador plantea de oficio el conflicto negativo de competencia (regulación oficiosa de la competencia) frente a la decisión emanada del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental referida. Con fundamento en el Artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, se ordena remitir copia de lo conducente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, tribunal su.....

Ahora bien, visto que la Ley no dispuso que los asuntos iniciados bajo el régimen contencioso administrativo anterior se remitieran a los Juzgados del Trabajo por la modificación de competencia, y aplicando la norma establecida en el Código de Procedimiento Civil (ya citada), no corresponde el conocimiento a este Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, sino al Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de ésta Circunscripción Judicial. Por lo tanto, ante los razonamientos antes expuestos, conforme a lo previsto en el Artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, éste Juzgador plantea de oficio el conflicto negativo de competencia (regulación oficiosa de la competencia) frente a la decisión emanada del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental referida.Con fundamento en el Artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, se ordena remitir copia de lo conducente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, tribunal sup.....

En el presente caso, se trata de una impugnación del acto administrativo dictado por la Inspectoría del Trabajo, en virtud a un procedimiento sancionatorio, el cual no esta excluido de la competencia dada por Ley (LOJCA) a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo; y tampoco es atribuida a los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo, dada la generalidad del criterio establecido por la Sala Constitucional en la referida decisión. Por lo tanto, ante los razonamientos antes expuestos, conforme a lo previsto en el Artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, éste Juzgador plantea de oficio el conflicto negativo de competencia (regulación oficiosa de la competencia) frente a la decisión emanada del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental referida. Con fundamento en el Artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, se ordena remitir copia de lo conducente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, tribunal superior .....

En cuanto al pago de diferencia de prestaciones de antigüedad, el actor solicita sea pagado de conformidad a lo establecido en el contrato colectivo que los ampara; la demandada manifiesta que los cálculos se realizaron conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, ya que el trabajador era contratado y no se rige por la convención colectiva, pero no consta en autos exclusión expresa; además, tal actitud violenta lo estipulado en el Artículo 509 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que se condena el pago de la diferencia existente, tomando como base lo pretendido por el actor (Bs. 1.965, 24), y restando lo otorgado en la liquidación (Bs. 1.602,89), final dando como resultado la cantidad de Bs. 362,35.