Es importante señalar que de la apariencia del buen derecho alegada, es necesario analizar las pruebas y la providencia administrativa atacada, lo que llevaría al Juez a pronunciarse sobre el fondo de asunto; por otro lado, en relación al periculum in mora, lo indicado por el actor resulta improcedente, ya que no puede alegar a su favor perjuicios consecuentes de un hecho ilícito cometido por él; es decir, la amenaza del daño irreversible señalado son las sanciones a las cuales se encuentra sometido por el incumplimiento de la providencia administrativa, que puede evitar con el simple acatamiento del acto, mientras transcurre el juicio de nulidad.. Por todo lo expuesto, y visto que no existen pruebas directas de violación del Texto Fundamental, ni el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma legal (Artículo 5 Ley Orgánica de Amparo), se declara improcedente la solicitud de amparo cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado. Así se decide.

Del acuerdo transaccional presentado, se evidencia que las partes reconocieron algunos conceptos adeudados, pero no se demostró los días domingos y feriados trabajados, que por ser conceptos extraordinarios, era carga de lo actores probarlos, por lo que luego de revisar las cantidades, convienen que la deuda es de Bs. 12.000,00 para cada trabajador, pagado en el mismo acto mediante cheque a nombre de cada demandante, acuerdo en el que se encuentran incluidos todos los derechos irrenunciables del trabajador comprendidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Así se establece En virtud de la aceptación de los demandantes, en el pago ofrecido por la demandada y aclarados los puntos controvertidos, este Tribunal procede a homologar la transacción celebrada entre las partes por cumplir los extremos de Ley, ya que una vez analizados los puntos se observó el cumplimiento de las prestaciones irrenunciables de todo trabajador. Así se decide.

Al decidir definitivamente la controversia sin permitir a la parte accionada (hoy recurrente) demostrar sus afirmaciones de hecho sobre la forma de terminación de la relación de trabajo y, consecuencialmente, la improcedencia del reenganche, violentó varios elementos que componen el derecho al debido proceso, como efectivamente lo denuncia el demandante, principalmente, el derecho a la defensa y a la promoción y evacuación de pruebas en un plazo razonable, supuestos previstos en el Artículo 49 de la Constitución, cuya violación provoca la nulidad del acto conforme a lo previsto en el Artículo 25 eiusdem, en conexión con el Artículo 19, Nº 1, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así se declara.