En este tipo de situaciones, los empleadores suelen estimular a sus trabajadores a ejercer amparos para resguardar el "derecho al trabajo" para obtener respuesta pronta sobre la propiedad o posesión del inmueble, maniobra que se demuestra en este asunto con las pruebas consignadas, que reflejan la utilización de vías administrativas y judiciales ordinarias para resolver el conflicto. Por todo lo antes expuesto se declara inadmisible el amparo constitucional. Así se establece.

Es importante observar que lo indicado por el actor resulta improcedente, ya que no puede alegar a su favor, perjuicios consecuentes de un hecho ilícito cometido por él; es decir, la amenaza del daño irreversible señalado, son las sanciones a las cuales se encuentra sometido por el incumplimiento de la providencia administrativa, las cuales puede evitar con el simple acatamiento del acto, mientras transcurre el juicio de nulidad, no cumpliéndose lo dispuesto en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA). Por lo expuesto, este Tribunal niega la medida cautelar innominada de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares ya identificado.

Del escrito libelar se evidencia que no consta el domicilio del trabajador, quien es uno de los principales interesados en las resultas del presente juicio, por lo que debe ser notificado a los fines de no violentar normas de carácter constitucional como el debido proceso y el derecho a la defensa, y evitar reposiciones en el proceso que puedan causar daños irreparables a las partes en juicio. Como ya se dijo, la parte actora no subsanó el escrito libelar tal como lo ordenó este Juzgado; ahora bien, vista que la información requerida forma parte de los requisitos establecidos en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para su respectiva admisión; resulta forzoso para este Tribunal declarar la inadmisibilidad de la demanda, a tenor de lo establecido en el Artículo 36 eiusdem. Así declara.

En el presente caso, este Juzgador no constata violación clara y directa de normas constitucionales, ya que lo expuesto por el solicitante, requiere un análisis de las pruebas, cuestión que generaría un pronunciamiento al fondo de la controversia. Por lo expuesto, y visto que no se observan violaciones directas y flagrante del texto fundamental, ni el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma legal (Artículo 5 Ley Orgánica de Amparo), se declara improcedente la solicitud de amparo cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado. Así se decide.

Es importante observar que lo indicado por el actor resulta improcedente, ya que no puede alegar a su favor, perjuicios consecuentes de un hecho ilícito cometido por él; es decir, la amenaza del daño irreversible señalado, son las sanciones a las cuales se encuentra sometido por el incumplimiento de la providencia administrativa, las cuales puede evitar con el simple acatamiento del acto, mientras transcurre el juicio de nulidad, no cumpliéndose lo dispuesto en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA). Por lo expuesto, este Tribunal niega la medida cautelar innominada de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares ya identificado.

Es importante observar que lo indicado por el actor resulta improcedente, ya que no puede alegar a su favor, perjuicios consecuentes de un hecho ilícito cometido por él; es decir, la amenaza del daño irreversible señalado, son las sanciones a las cuales se encuentra sometido por el incumplimiento de la providencia administrativa, las cuales puede evitar con el simple acatamiento del acto, mientras transcurre el juicio de nulidad, no cumpliéndose lo dispuesto en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA). Por lo expuesto, este Tribunal niega la medida cautelar innominada de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares ya identificado.

Es importante observar que lo indicado por el actor resulta improcedente, ya que no puede alegar a su favor, perjuicios consecuentes de un hecho ilícito cometido por él; es decir, la amenaza del daño irreversible señalado, son las sanciones a las cuales se encuentra sometido por el incumplimiento de la providencia administrativa, las cuales puede evitar con el simple acatamiento del acto, mientras transcurre el juicio de nulidad, no cumpliéndose lo dispuesto en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA). Por lo expuesto, este Tribunal niega la medida cautelar innominada de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares ya identificado.