Como se indicó las actuaciones efectuadas por el Tribunal a través del funcionario han tenido como propósito dar cumplimiento a la garantía constitucional del derecho a la defensa y el debido proceso, la parte actora tiene el deber y la obligación de efectuar en el proceso las diligencias necesarias para producir el impulso de la causa en conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, por lo que corresponde a la parte actora el impulso procesal de la presente causa, sopena de que se aplique la sanción prevista en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.-