4.- Por las razones expuestas, este Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en funciones de Control Nº 9, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA EL SOBRESEIMIENTO de conformidad con lo establecido en el Artículo 318 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, por operar una causa de extinción de la acción penal como lo es el cumplimiento del lapso de suspensión condicional del proceso (artículo 48 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal), al ciudadano ALBERTO RAMON CAMACARO, titular de la cédula de identidad N° V-3.316.887 nacido en la ciudad de Bobare, el 23/04/1945, de 67 años de edad, Venezolano, Casado, de grado de instrucción. 4 Grado, Ocupación Comerciante, residenciado en Carrera 7 entre 19 y 20 casa Nº 19-61, Barquisimeto, Estado Lara, teléfono: 0251-2376387. Se dejas constancia que se verifico en el sistema Juris 2000 y el imputado de auto no presenta otra causa, por el delito de CONTA.....

3.- Por las razones expuestas, este Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en funciones de Control Nº 9, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, decreta el ARCHIVO de las actuaciones en el presente asunto seguido a los ciudadanos LOPEZ JOSE COBEÑA LEDEZMA C.I.V- Nº 9.878.174 y GERARDO JOSE GODOY D’ESCRIBAN C.I.V- Nº 6.977.306 y ORLANDO ANTONIO TEXEIRA RODRIGUEZ C.I.V- Nº 11.740.959, por la presunta comisión del delito de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el momento de los hechos. Se ordena el cese de su condición de imputado y de las medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento que le fueran impuestas. Se deja constancia que la investigación .....

3° Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga dada la pena que pudiera llegar a imponerse y la magnitud del daño causado. En este sentido tenemos que tomar en consideración Respecto al peligro de fuga, la magnitud del daño causado, el cual es la muerte del ciudadano RAMIRO ANTONIO VASQUEZ, según lo manifestado por los testigos el cual consta en autos. Por otra parte la pena que pudiera llegar a imponerse excede de diez años, con lo cual se presume legalmente el peligro de fuga. Siendo además que el bien jurídico protegido por la norma penal presuntamente infringida, es la vida de un ser humano. En este sentido, el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su último aparte que el Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados, tanto es así, que el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal establece como o.....