De lo expuesto, no se observa adelanto de opinión sobre lo principal del presente juicio, como alega el inhibido. Por el contrario, se trata de velar por las garantías constitucionales en la ejecución del acto administrativo plenamente válido y por ende susceptible de ejecutividad y ejecutoriedad por la autoridad administrativa. La función administrativa está dirigida a determinar si se agotaron las vías de ejecución ante el Inspector del Trabajo, sobre lo cual no se pronunció en la sentencia del asunto KP02-N-2011-544. En virtud de las consideraciones anteriores, se declara sin lugar la inhibición planteada, por no encuadrarse la causal alegada en los extremos previstos en el Artículo 82, Nº 15, del Código de Procedimiento Civil, por lo que deberá seguir conociendo del amparo constitucional signado con el Nº KP02-O-2014-148. Así se decide.

Del escrito libelar y sus recaudos se evidencia que el actor no consignó el poder original en el cual se acredite su representación; ni el acto administrativo que impugna junto con la notificación respectiva; razón por la cual se libró dicha orden de subsanación. Como ya se dijo, la parte actora no subsanó el escrito libelar tal como lo ordenó este Juzgado; ahora bien, vista que la información requerida forma parte de los requisitos establecidos en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para su respectiva admisión, resulta forzoso para este Tribunal declarar la inadmisibilidad de la demanda, a tenor de lo establecido en el Artículo 36 eiusdem. Así declara.