Con lugar el DIVORCIO POR RUPTURA PROLONGADA DE LA VIDA EN COMÚN de los cónyuges: KLEYBER EDILMER SUAREZ DURAN y DORA ISABEL QUERO SILVA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. V- 14.405.113 y V-15.229.238, respectivamente; contraído por ante el Registro Civil de la Parroquia El Cují del Municipio Iribarren, Estado Lara, en fecha 28 de Junio de 2008, bajo el No.81, del libro de matrimonios llevado por esa autoridad durante el año 2008.

Revisadas como han sido las presentes actuaciones y visto escrito de DESISTIMIENTO, presentado en fecha 22 de Febrero de 2017, por el Abogado JOSE GERARDO MEDINA BRICEÑO, en virtud a la presente fecha el asunto se encuentra en este Juzgado, se acuerda lo solicitado y por ser procedente, en consecuencia se ordena HOMOLOGAR el Desistimiento del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente,

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano Luis Alfredo López Espinoza contra la entidad de trabajo Venezolana de Prevención de Occidente C.A. (VEPRECA). SEGUNDO: Se ordena a la parte demandada que pague al ciudadano Luis Alfredo López Espinoza la suma de Bs. 459.400,65, correspondientes a la totalidad de lo reclamado. Más los intereses sobre prestaciones sociales, corrección monetaria y los intereses moratorios TERCERO: Se condena en costas del proceso a la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

PRIMERO: IMROCEDENTE LA FALTA DE CUALIDAD PASIVA, alegada por la parte demandada. ASÍ SE DECIDE. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR las pretensiones de la parte actora ciudadana LILIA TERESA JIMENEZ en contra de la Sociedad Mercantil PELUQUERÍA UNISEX EL SANCH C.A., PELUQUERÍA UNISEX LE GRIFF C.A., y el ciudadano JOSÉ GREGORIO DÍAZ MARTÍNEZ. ASÍ SE DECIDE TERCERO: CON LUGAR la responsabilidad solidaria de la Sociedad Mercantil PELUQUERÍA UNISEX EL SANCH C.A., PELUQUERÍA UNISEX LE GRIFF C.A., y el ciudadano JOSÉ GREGORIO DÍAZ MARTÍNEZ. ASÍ SE DECIDE CUARTO: SIN LUGAR la responsabilidad solidaria de la sociedad mercantil CENTRO DE ESTÉTICA SANDRO C.A. ASÍ SE DECIDE QUINTO: En consecuencia se CONDENA a los codemandados PELUQUERÍA UNISEX EL SANCH C.A., PELUQUERÍA UNISEX LE GRIFF C.A., y ciudadano JOSÉ GREGORIO DÍAZ MARTÍNEZ, a pagar a la parte demandante lo siguiente: VACACIONES: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS BOLIVARES CON QUINCE CENTIMOS (Bs. 63.906,15) BONO VACACIO.....

DECISIÓN En consecuencia, por cuanto la mencionada sentencia no contiene declaraciones ni disposiciones contrarias al orden público ni al derecho público venezolano ni a las buenas costumbres, este Juzgado Superior Primero Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, con fundamento en el Artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, concede FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia de DIVORCIO de fecha de fecha 9 de septiembre de 2009, emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción N° 2, de San Cristóbal de la Laguna, España, bajo el Nº 0001216/2019 que declaró disuelto el vínculo matrimonial entre DIANA FERNANDA FRANCO PAZ y WUILLIAN CLEMENTE PEREZ ESTRADA, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración, aprobando en su integridad los efectos del mismo. Devuélvanse los documentos acompañados a dicha solicitud y déjese copia certificada en su lugar, de confor.....

Llegada la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar se observó que este Tribunal dejó constancia en autos, que a dicha audiencia compareció el ciudadano: NIL J. MARCANO AGUILERA, abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nro. 63.072, en su carácter de apoderado judicial de la Parte Accionante, y por la otra, compareció la Parte Demandada, ciudadana: JOIBIN MARÍA RODRÍGUEZ DE ALVARADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 9.541.946, asistida por la abogada en ejercicio, ciudadana: DIGNA ARRIECHE MOGOLLÓN, inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nro. 8.203; Asimismo, compareció en su carácter de ocupante del inmueble, el ciudadano: GILBERTH GUSTAVO ALVARADO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-19.348.291, debidamente asistido por el abogado en ejercicio, ciudadano: JOSÉ JESÚS HERRERA, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nro. 9.089. En tal sentido, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPI.....

Ahora bien, este Tribunal, no acepta la competencia atribuida a este órgano y en atención al artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, que establece: "Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez (sic) o Tribunal (sic) que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia.". (Negrillas y subrayado del Tribunal), de la norma anteriormente transcrita considera este Tribunal que si bien correspondía al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, solicitar de oficio la regulación de competencia este Juzgador en atención a los artículos 26, 49, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establecen rango constitucional el derecho a la defensa y al debido proceso y a la tutela judicial efectiva plantea el conf.....

DECISIÓN En mérito de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por el abogado EDER SALAZAR, apoderado judicial de la parte actora, en contra de la sentencia dictada en fecha 4 de octubre de 2016, por el JUZGADO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, en el juicio DESALOJO (LOCAL COMERCIAL) intentado por INVERSIONES PLAZA LOS LEONES, C.A., contra INVERSIONES AROMA GOLFEADOS, C.A. Se declara PRIMERO: SIN LUGAR la demanda de DESALOJO intentada por la sociedad mercantil INVERSIONES PLAZA LOS LEONES C.A., originalmente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción del estado Lara, en fecha 11 de mayo de 2001, bajo el Nº 52, tomo 19-A, folio 265, representada por el ciudadano JOSE MARTINHO AGRE.....

Examinados los recaudos acompañados a la solicitud, escuchada la declaración de los testigos ciudadanos Rafael José Álvarez Marchan y Víctor José Carrasco Marchan, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº V-20.942.482 y V-13.777.769, respectivamente, es decir, cumplidos los requisitos exigidos por la ley y vista la aceptación por parte del ciudadano Henry Reinaldo Suárez Carrasco, plenamente identificado en autos, de ser Curador de los niños (Identidad omitida de conformidad con el art. 65 de la L.O.P.N.N.A.), éste Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, designa al cargo de CURADOR AD-HOC, al ciudadano Henry Reinaldo Suárez Carrasco, anteriormente señalado.

Por todos los argumentos de hecho y derecho que han quedado expuestos, el Juez Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas porque el trabajador alegó percibir menos de tres salarios mínimos.